Dir. Gral. de Custodia de Edificios del Gobierno de la Ciudad. Auditoria Legal y financiera. Ejercicio 2002

La Auditoría General de la Ciudad revisó las contrataciones de servicios —principalmente de vigilancia— que la Dirección General de Custodia de Edificios, el área encargada de cuidar los edificios del Gobierno, contrató y pagó durante el año 2002. Encontró que el control interno del organismo era insuficiente y que sus áreas funcionaban sin una estructura organizativa aprobada. También detectó que varios servicios se contrataron por necesidad urgente sin justificación suficiente ni condiciones contractuales claras, y que casi ocho de cada diez pagos se hicieron fuera del plazo acordado, lo que llevó a una empresa de vigilancia a demandar al Gobierno por las sumas adeudadas. Además, faltaron registros básicos, como la registración presupuestaria del gasto y constancias del proveedor. El informe incluye recomendaciones para corregir estos problemas.

• El control interno del organismo era insuficiente y débil, y sus áreas funcionaban de hecho sin una estructura orgánico-funcional aprobada ni organigrama.
• Los servicios contratados como gastos de imprescindible necesidad (Decreto 1370/GCBA/01) carecían de la justificación debidamente fundada que exige la norma y se recibieron sin bases contractuales previas, sin precisar el objeto ni las obligaciones del prestador, otorgándose la conformidad sin control previo del modo, tiempo y lugar de la prestación.
• Salvo en un caso, esos servicios se prestaron sin intervención de la Dirección General de Custodia de Edificios ni de la Subsecretaría de Logística y Emergencias, en desmedro de la responsabilidad primaria que les atribuyen los decretos y frustrando la centralización pretendida.
• El pliego de la licitación pública en trámite exigía depositar el 5% del importe de la oferta como requisito para impugnar la preadjudicación, monto que supera el estimado razonable por la Procuración General del Tesoro.
• En el 79,3% de los casos los servicios se abonaron fuera del plazo fijado contractualmente, con demoras de entre 40 y 200 días, y la contratista Odipa SA inició acciones judiciales reclamando las sumas adeudadas y tuvo por resuelto el contrato por incumplimiento del Gobierno de la Ciudad.
• En la liquidación y pago faltaron registros básicos: en el 100% de los casos no constaba la registración presupuestaria del gasto en su etapa 'devengado', en el 20,7% faltaba constancia de inscripción del proveedor en AFIP y en el 100% faltaba el recibo del proveedor.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe final de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.