Dirección General Administrativa de Infracciones.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó, por el período 2004, los aspectos legales y financieros de las contrataciones y pagos de la Dirección General Administrativa de Infracciones; el informe se emitió en agosto de 2006. Encontró que el organismo funciona sin una estructura orgánica aprobada y sin planificación de sus compras y contrataciones. Detectó además fallas en la contratación de servicios informáticos: faltan constancias de quién integró la comisión que evaluó la propuesta, del inicio efectivo del servicio y del cumplimiento de las obligaciones de las contratistas, y gran parte de la documentación está suelta, sin firmar y sin fechar. También observó que se contrató a una empresa invocando una excepción al régimen legal sin acreditar la necesidad que la justificara, para pagar un servicio con contrato vencido desde 2000, y que gastos de un contrato de multas fotográficas de otra área se cargaron al presupuesto de este organismo. La Auditoría concluye que el organismo carece de planificación global y recomienda iniciar acciones administrativas por la incorrecta registración presupuestaria.

• El organismo carece de una estructura orgánico-funcional aprobada (organigrama, unidades, responsabilidades y dotación de personal) y de una planificación de sus compras y contrataciones.
• En la contratación con la UTN faltan constancias de la designación de la comisión que analizó la propuesta, del plan previo de transferencia del sistema y del inicio efectivo del servicio, y varios miembros de esa comisión participaron en todo el proceso (necesidad, requerimiento, evaluación y recepción).
• El contrato con la UTN fija plazos imprecisos para el pago mensual, no detalla las prestaciones de la tercera etapa (no se indican los puestos preexistentes) y la contratista subcontrató partes del objeto principal, como la distribución de actas y el equipamiento.
• No hay constancias que acrediten el cumplimiento de la mayoría de las obligaciones asumidas por la contratista y por el Gobierno de la Ciudad; la documentación obra suelta, sin foliatura, firmas ni fechas, lo que dificulta o impide su control.
• En la contratación con la UTE Tecnología, Telecomunicaciones e Informática SA y GMS SA no se acreditó en ningún caso la necesidad imprescindible que justificara exceptuarse del régimen legal de contratación, y los gastos aprobados corresponden a un servicio prestado bajo un contrato vencido desde febrero de 2000.
• Gastos devengados por $1.717.100,56 de una contratación de 'multas fotográficas' no celebrada por el organismo se imputaron y ejecutaron a través de su programa presupuestario 2606, cuando correspondían al programa 3028 de la Dirección General de Seguridad Vial.

Del examen se concluye que el organismo no cuenta con una planificación global que le permita instrumentar las políticas estratégicas para el cumplimiento de sus atribuciones, observándose falencias en los procedimientos de contratación y carencia de constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Asimismo, se recomienda iniciar acciones administrativas conforme al art. 136 inc. k) de la ley 70 por la observación de registración presupuestaria, pues la modificación de los objetivos presupuestarios implicaría apartarse de lo previsto en los arts. 53 y 60 de esa ley.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.