Proteccion del Trabajo. Auditoria de Gestion. Año 2002.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó cómo funcionó durante 2002 la Dirección General de Protección del Trabajo, el organismo que inspecciona a los empleadores y controla el cumplimiento de las normas laborales en la Ciudad. Encontró que el organismo trabaja con una estructura interna precaria, sin aprobación formal, y que casi todo su personal está contratado, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio. Además, con unos 30 inspectores para unos 250.000 empleadores, no alcanza a cumplir bien sus tareas de control, y le falta un registro completo de empleadores y un sistema para medir su propio desempeño. Esto se traduce en demoras y errores en el trámite de los casos. Aun así, la Auditoría reconoce que, pese a los cambios y limitaciones, se logró poner en marcha los programas y las áreas necesarias para cumplir las funciones que le fija la Ley 265.

• La estructura de los niveles inferiores de la Dirección carece de aprobación formal de autoridad competente y se sostiene en una disposición precaria, lo que genera inseguridad y precariedad en la gestión.
• La Dirección no cuenta con la infraestructura y los recursos suficientes para sus tareas de prevención, fiscalización, control y sanción: con unos 30 inspectores frente a un universo de unos 250.000 empleadores, resulta inviable cumplir satisfactoriamente lo que establece la Ley 265.
• Prácticamente la totalidad de los agentes desempeña sus funciones bajo contratos de locación de servicios, lo que no propicia una estructura sólida de trabajo ni garantiza la continuidad de los programas.
• No se verificó un sistema de gestión que sistematice la información generada para medir eficiencia, fijar estándares o relacionar denuncias con inspecciones, y las metas de los programas no abarcan suficientemente la diversa actividad a su cargo.
• La Dirección no cuenta con un padrón completo de empleadores de la jurisdicción, lo que impide planificar adecuadamente las inspecciones.
• Por la escasez de recursos existen demoras y errores en la tramitación de expedientes y una limitada capacidad para hacer controles cruzados sobre la actividad inspectiva y dar seguimiento a los infractores.

La Auditoría concluye que la Dirección General de Protección del Trabajo encuentra restricciones para cumplir adecuadamente las funciones que le competen, por la precariedad de su estructura, la carencia de un padrón íntegro, la insuficiencia de recursos y las demoras y errores en la tramitación de expedientes. No obstante, señala que, pese a los sucesivos cambios y limitaciones, se lograron implementar las acciones necesarias para operativizar los programas y las áreas encargadas de las funciones de la Ley 265.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe final de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.