OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 2021.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó la ejecución presupuestaria 2021 de la Jurisdicción 99, Obligaciones a Cargo del Tesoro, administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Encontró que el 70% de los fondos originales fue transferido a otros ministerios mediante modificaciones presupuestarias que no quedaron debidamente registradas y publicadas en el sistema oficial, lo que dificulta su control. Además, detectó que fondos destinados a aportes de capital a empresas estatales como CEAMSE y AUSA se usaron para pagar deudas, redeterminaciones de precios y gastos operativos, sin que la Ciudad obtuviera beneficios patrimoniales. También señaló falta de intervención de áreas de control en los pagos y en la validación de montos informados por prestadoras del servicio eléctrico. La Auditoría concluye que la ejecución presupuestaria presenta oportunidades de mejora en la documentación del gasto y que atender estos aspectos fortalecería la rendición de cuentas.

• Los recursos de la Jurisdicción 99 fueron transferidos a diversos ministerios, reduciendo en un 70% los fondos disponibles respecto a la asignación original de la Ley de Presupuesto, con impactos de 95% en el Programa 23, 89% en el 17, 65% en el 16 y 37% en el 95.
• El 52% de las modificaciones presupuestarias en importe negativo se registraron bajo el Decreto 484-AJG-2020 sin que el acto administrativo que las respalda fuera cargado en el sistema SIGAF, lo que dificulta la trazabilidad de los cambios.
• En los pagos a CEAMSE se usó la partida de adelantos a empresas del Estado para saldar compromisos preexistentes como mayores costos y redeterminaciones de precios, sin incremento del patrimonio público ni constancia de acta de asamblea.
• Los servicios de higiene y limpieza urbana facturados en los expedientes no fueron controlados por la Dirección General de Limpieza e Higiene Urbana porque los gastos no se imputaron al programa correspondiente.
• En los pagos a AUSA se usó la partida de adelantos para obra pública para cubrir redeterminaciones de precios, ajustes de contratos y deudas de obras concluidas, en lugar de financiar nuevas obras.
• En el Programa 18 no hubo intervención de áreas del Gobierno de la Ciudad en la validación de los montos informados por las empresas prestadoras del servicio eléctrico.

La ejecución presupuestaria de la Jurisdicción 99 presenta oportunidades de mejora en cuanto a la documentación del gasto; abordar estos aspectos contribuiría a fortalecer la rendición de cuentas y la calidad del proceso presupuestario.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.