OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 2018.

La Auditoría de la Ciudad revisó cómo se ejecutó el presupuesto 2018 de la llamada 'Jurisdicción 99 - Obligaciones a cargo del Tesoro', una partida central del Ministerio de Hacienda y Finanzas que agrupa aportes, gastos financieros y erogaciones generales. La Auditoría encontró que esa jurisdicción funciona como una 'caja de tránsito': se concentran fondos allí para luego transferirlos a otros ministerios, se imputan gastos que no corresponden al programa donde fueron cargados y aparecen gastos de otros años registrados fuera del ejercicio que les corresponde. También detectó pagos sin respaldo documental suficiente, normas y resoluciones que no se publicaron en el Boletín Oficial, y diferencias entre los registros de personal y las nóminas de sueldos del Registro de Agentes en Disponibilidad. En conclusión, estas situaciones dificultan saber cuánto cuestan realmente los servicios de la Ciudad y seguir con claridad el uso de los fondos públicos.

• 'Obligaciones a cargo del Tesoro' se usa como una jurisdicción de tránsito: se concentran créditos en la formulación presupuestaria para transferirlos a otros ministerios durante el ejercicio o al cierre, modificando los objetivos originales de la Ley de Presupuesto.
• El 85,89% de los gastos imputados en el Programa 16 (unos $2.342 millones) no se vinculan con los conceptos definidos para ese programa.
• Se registraron comisiones devengadas en años anteriores, no se contabilizaron comisiones y erogaciones del ejercicio y faltó documentación suficiente en los expedientes para verificar la exactitud e integridad de las registraciones.
• En la Obra Social de la CABA se autorizaron gastos fuera de término sin fundamentos que lo justificaran, y erogaciones de 2018 por $323.435.295 quedaron fuera de la Cuenta de Inversión.
• En el Registro de Agentes en Disponibilidad no se pudo conciliar lo imputado con las nóminas oficiales: las fuentes difieren sobre la cantidad de agentes y 12 agentes con licencia sin sueldo percibieron salarios por ese programa.
• No se publicaron en el Boletín Oficial resoluciones que autorizan asignaciones de fondos a AUSA, CEAMSE y Corporación Antiguo Puerto Madero, y algunas modificaciones presupuestarias se publicaron con demoras de hasta casi dos años.

La Auditoría concluye que los gastos de la Jurisdicción 99 reflejan situaciones que dificultan el análisis de los costos de los servicios involucrados: se usa la jurisdicción como tránsito presupuestario, se imputan erogaciones cuya naturaleza no responde al programa donde fueron incluidas y no fue posible conciliar los créditos imputados con las nóminas de personal del Programa 19.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.