PUENTE LACARRA.

La Auditoría de la Ciudad examinó la obra del Puente Lacarra, a cargo de la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), y emitió su informe en septiembre de 2020. Encontró que la obra se contrató sin tener antes el proyecto completo, sino solo un anteproyecto, lo que trajo demoras y aumentos de costo: los trabajos terminaron 151 días tarde y el monto subió más de 21,6 millones de pesos. También detectó fallas en el control ambiental: las autoridades de la Cuenca Matanza Riachuelo no controlan la calidad del suelo ni fijaron criterios claros para las mediciones, y la empresa no presentó las certificaciones ambientales que exigía el préstamo del Banco Mundial. Además, el Gobierno de la Ciudad demoró la aprobación del presupuesto de AUSA, que se usó durante 192 días sin ese respaldo. La Auditoría concluye que licitar sin el proyecto previo generó incertidumbre sobre plazos y costos, y que la debilidad del control público ambiental impide evaluar bien los impactos en la zona.

• AUSA contrató en forma conjunta y simultánea la elaboración del proyecto y la construcción de la obra sobre la base de un anteproyecto que ella misma había encargado a terceros.
• Se detectaron desvíos en la construcción de pilotes, la parquización y arbolado, las modificaciones de alcance, la documentación técnica de obra y en temas relacionados con el control de los aspectos medioambientales.
• El GCBA no aprobó antes del 31 de diciembre de 2017 el presupuesto de AUSA para el período auditado, tal como dispone el artículo 76 de la Ley N° 70 de Administración Financiera de la Ciudad.
• Las autoridades de aplicación ambiental (APRA y ACUMAR) entregaron información incompleta: controlan periódicamente la calidad del agua y del aire, pero no realizan ninguna actividad para obtener datos sobre la contaminación de los suelos, y no tienen aprobados protocolos, métodos de ensayo ni parámetros válidos para agua y suelo en la Cuenca.
• AUSA no puso a disposición las certificaciones y manifestaciones ambientales exigidas por el Anexo 11 del Contrato de Préstamo, por lo que no fue posible verificar cómo cumplió esas exigencias, siendo que la obra se implanta en una zona declarada contaminada.
• La Agencia de Protección Ambiental emitió el Certificado de Aptitud Ambiental a partir del anteproyecto presentado por AUSA sin realizar el rechazo correspondiente, dando continuidad al trámite con esa falla de control interno.

La Auditoría concluye que llamar a licitación pública sin haber elaborado antes el proyecto de obra generó una relación contractual con incertidumbre sobre la fecha de finalización y el costo final, lo que se reflejó en un atraso de 151 días y un aumento de $21.692.961,56 (6,10% más del presupuesto estimado y 7,17% más del monto contractual). Además, sostiene que cuando las autoridades de la Cuenca Matanza Riachuelo no cumplen el rol para el que fueron creadas no es posible evaluar en forma completa el cumplimiento de las condiciones ambientales, lo que pone al descubierto la debilidad del sector público en la evaluación de impactos ambientales.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.