Ministerio de Desarrollo Urbano.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó la gestión legal y financiera del Ministerio de Desarrollo Urbano correspondiente al año 2010, incluyendo sus programas de obras públicas, catastro, tránsito y recuperación de espacios urbanos. Encontró serias dificultades para obtener información completa y oportuna: el sistema oficial de registros estaba desactualizado, no se aportaron todas las modificaciones presupuestarias y faltaron documentos de varias contrataciones. También detectó fallas en la programación de metas de varios programas, contrataciones de obras sin audiencias públicas previas o con certificados ambientales emitidos tarde, y personal contratado registrado en programas distintos de aquellos donde trabajó. Por la falta de datos confiables, la Auditoría no pudo emitir opinión sobre si los registros presupuestarios reflejan adecuadamente la realidad.

• El sistema oficial de registro (SIGAF) estaba desactualizado durante la auditoría: solo había datos de gasto cargados hasta el tercer trimestre de 2010 y el crédito disponible seguía cambiando, lo que impidió conocer el monto total ejecutado.
• El Ministerio no informó todas las modificaciones presupuestarias del ejercicio; siete de las informadas no contaban con respaldo normativo y las cargadas durante la auditoría generaron una diferencia de más de $42 millones en el crédito vigente.
• No fueron puestas a disposición 14 actuaciones, lo que impidió analizar el 41,18% de la muestra de compras y contrataciones.
• En las contrataciones de obras públicas relevadas no constaba la realización de las audiencias públicas exigidas por la ley de evaluación de impacto ambiental, y en varios casos los certificados de aptitud ambiental se emitieron después de contratadas las obras.
• Varios programas no tenían metas físicas cargadas o definidas en el sistema (como Recuperación de la Ribera, el mantenimiento de señalización luminosa hecho por administración y la obra del Barrio Parque Donado Holmberg), lo que impide evaluar el cumplimiento de la gestión.
• El 37,10% del personal contratado muestreado no estaba registrado presupuestariamente en los programas para los cuales prestó servicios.

La Auditoría concluyó que, al no contarse con un total definitivo y confiable del crédito vigente ni del gasto devengado, no fue posible emitir opinión sobre si los registros del sistema reflejan adecuadamente la realidad. Señaló además que el retraso en las registraciones dificulta la tarea de auditoría y control y hace ineficiente la gestión pública, y que muchas contrataciones relevadas carecían de audiencias públicas y presentaban certificados ambientales extemporáneos.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.