Tratamiento, Evaluación y Administración de Faltas.

La Auditoría General de la Ciudad examinó cómo la Dirección General de Administración de Infracciones trató y evaluó durante 2006 las actas de faltas (de tránsito, comercio, vía pública), la instancia previa a la Justicia donde el vecino puede ejercer su derecho de defensa ante una multa. Encontró que el organismo funciona sin estructura aprobada ni normas de procedimiento, con instalaciones inadecuadas para atender al público y sin un sistema de información confiable que permita seguir el recorrido de cada acta. Además, muchas infracciones no llegan a citarse al presunto infractor, la mayoría de los casos se archiva sin expediente ni constancia, y funciones vinculadas al poder de policía se delegan a terceros contratados sin control suficiente. También detectó problemas en las contrataciones y en los convenios con el Registro Nacional, Acara y el Banco Ciudad. La Auditoría concluye que estas falencias vulneran los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, debilitan indirectamente la política de seguridad, y recomienda acciones correctivas y la revisión de los convenios.

• El organismo carece de una estructura orgánico-funcional aprobada (organigrama, responsabilidades y dotación de personal), por lo que las áreas ejercen sus competencias sin sustento normativo.
• No existe un sistema de información confiable e integral ni registros completos del recorrido de las actas (ingresos, citaciones fallidas, archivadas, prescriptas o anuladas), lo que impide conocer y controlar su tratamiento.
• La citación al presunto infractor no se efectúa en todos los casos en que se detectó una falta y no es posible identificar el universo de actas no citadas.
• En aproximadamente el 84% de los casos no se genera expediente ni constancia de acto administrativo: solo se archiva el acta, separada de las pruebas, en desmedro de la transparencia.
• Se concentran y delegan funciones del poder de policía en terceros contratados sin control suficiente, y las funciones del controlador carecen de regulación, con casos de ejercicio deficiente (montos fuera de los límites legales o clasificación errónea de vehículos).
• Se advierten incumplimientos en los procedimientos de contratación (uso reiterado de la urgencia), falta de transparencia en los convenios con el Registro Nacional y Acara, y una comisión cobrada por el Banco Ciudad que no coincide con la normativa.

La Auditoría concluye que las falencias detectadas atentan contra los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía en la gestión del programa, extenuan las responsabilidades primarias del organismo (mejorar el control y la sanción de infracciones y la atención al público) y obstaculizan indirectamente el desarrollo de políticas de seguridad. Recomienda instrumentar acciones correctivas, promover un eventual deslinde de responsabilidades y revisar de inmediato los convenios celebrados.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.