Gestion de Juicios Mandatarios. Periodo 2000/2001

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó cómo la Procuración General y la Dirección General de Rentas gestionan el cobro judicial de deudas de impuestos impagas (la 'deuda fiscal en mora'), que se entrega a abogados externos llamados mandatarios para que la reclamen en los juzgados. Se revisó el período 2000/2001 y el trabajo se hizo entre agosto y noviembre de 2001. La Auditoría encontró que casi no hubo control sobre esos mandatos, que la información disponible es parcial y poco confiable, y que el cobro rindió muy poco. También hubo que abandonar (desistir) decenas de miles de juicios por la enorme cantidad de causas acumuladas. Concluye que esto causó perjuicios serios al Estado de la Ciudad.

• El régimen legal que regula el mandato para cobrar deudas fiscales no resulta suficiente ni adecuado para resguardar el interés público.
• No existe un registro unificado de las ejecuciones fiscales en trámite ante el fuero civil, y los datos provistos por los juzgados eran parciales, lo que limitó el alcance de la auditoría.
• La información sobre la deuda y los juicios, proveniente de distintas fuentes, no es confiable: es parcial y no concuerda entre sí.
• La información no está sistematizada, lo que impide evaluar la economicidad del sistema de cobro y detectar debilidades y sus consecuencias.
• Al implementarse los desistimientos ordenados por la Resolución 405/PG/01 no se usó soporte magnético ni se pidió colaboración al área de sistemas, lo que obligó a tareas manuales redundantes; además, los desistimientos no se incorporaron a la base de datos de UTE Rentas.
• Se otorgaron autorizaciones para desistir en 42.007 juicios llevados por los mandatarios, debido a la cantidad de expedientes que imposibilitó una adecuada tramitación.

Las actividades de control de la Dirección General de Rentas sobre la deuda fiscal en mora transferida a los mandatarios resultan inexistentes, y la gestión de cobranza a cargo de los mandatarios no alcanza parámetros mínimos de eficacia, eficiencia y economicidad, como se refleja en los exiguos porcentajes de recupero. Ello aparece en los hechos como graves perjuicios para el erario público, dada la magnitud de las ejecuciones fiscales, la insuficiencia del régimen jurídico del mandatario y las serias deficiencias en el control de la gestión procesal por parte de la Procuración General.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe final de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.