Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección de Control de Mandatarios.

La Auditoría General de la Ciudad revisó, sobre el año 2007, cómo la Dirección de Control de Mandatarios de la Procuración General supervisa los juicios que mandatarios contratados por el Gobierno de la Ciudad llevan adelante para cobrar deudas fiscales en mora. Al examinar una muestra de 122 juicios, encontró que la labor de los mandatarios es deficiente: hay juicios con tanta inactividad que podrían perderse por no haberse hecho los trámites a tiempo, demoras en las notificaciones y pocos pedidos de medidas para hacer efectivas las sentencias favorables. También detectó que la mayoría de los mandatarios no carga ni actualiza bien los datos en el sistema informático de seguimiento, y que falta coordinación entre las áreas del Gobierno que transfieren la deuda en mora y la Procuración General. La Auditoría concluye que el sistema de control no brinda seguridad razonable, aunque el área sigue fortaleciéndose técnicamente pese a no contar con suficientes recursos humanos.

• En la muestra de 122 juicios se advirtieron casos pasibles de caducidad de instancia (5,74%) y juicios con inactividad de 60 días o más entre actos procesales (9,02%).
• Se detectaron juicios rechazados por boletas de deuda inhábiles (1,64%) o por falta de título original de deuda (4,92%), y juicios con sentencia favorable pero sin movimiento procesal (3,28%).
• Hubo falta de celeridad en la notificación de resoluciones (8,2%) y en el 40,98% de los juicios no se solicitaron medidas cautelares para hacer efectiva la sentencia.
• El 78,69% de los mandatarios incumplió la Resolución 439/PG/06 en la carga y actualización de datos en el sistema SISEJMan, y no existe un criterio único para cargar la 'fecha último estado procesal', lo que dificulta el control de los estados procesales.
• Se advirtieron inconsistencias en la información sobre planes de facilidades de pago, con una diferencia de 117 juicios iniciados en 2007 entre lo informado por el Consejo de la Magistratura (4.857) y por la Dirección de Control de Mandatarios (4.740), y no surge constancia de acciones para responsabilizar a los mandatarios cuyos mandatos fueron revocados en 2007.
• La Dirección de Control de Mandatarios no cuenta con profesionales suficientes para controlar los procesos en sede judicial, y existe falta de coordinación y comunicación entre las áreas del Gobierno que intervienen en la transferencia de la deuda en mora (AGIP y Dirección General de Administración de Infracciones) y la Procuración General, cuyos sistemas no contienen los datos que esta requiere.

Sobre la gestión de juicios de los mandatarios, la Auditoría concluye que la labor es deficiente, con casos de inactividad procesal pasible de caducidad de instancia y falta de celeridad y de economía procesal. Respecto de las actividades de control, la importancia de los hallazgos permite apreciar que el nivel de eficacia del sistema de control imperante no brinda seguridad razonable.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.