Mobiliario Urbano. Resol. 68

La Auditoría General de la Ciudad examinó durante 2024 el servicio de fabricación, instalación, mantenimiento y conservación del mobiliario urbano, que está concesionado a tres empresas privadas y supervisado por la Dirección General de Desarrollo Urbano. Encontró que la gran mayoría de los reclamos tardó más de 15 días en resolverse —algunos hasta 529 días—, que la instalación de mobiliario se desvió un 42% de lo planificado y que la mayor parte de las tareas de mantenimiento se hizo fuera de plazo. También detectó debilidades de control interno: faltan datos en el sistema de reclamos, no se aplicaron penalidades ante los incumplimientos y solo hubo 4 verificadores para toda la Ciudad. Además, advierte que el contrato, cuyo plazo original vencía en 2016, fue prorrogado hasta 2034 sin nuevo llamado a licitación, y que la ausencia de metas presupuestarias impide medir el cumplimiento de la política pública.

• El sistema SAP donde se registran los reclamos tiene campos incompletos que impiden identificar la unidad territorial y la empresa responsable, lo que limita el análisis y la obtención de estadísticas.
• El 86,80% de los reclamos por mobiliario urbano sin explotación publicitaria tardó más de 15 días en resolverse (hasta 529 días), y el 27,65% de los iniciados en 2024 recién se resolvió en 2025.
• Las metas físicas del programa presupuestario 91 no resultan aplicables a la finalidad del mobiliario urbano, lo que impide evaluar y medir el desempeño de las concesionarias.
• La instalación de mobiliario urbano en 2024 presentó un desvío del 42% respecto del cronograma planificado por la GOMU.
• La mayoría de las órdenes de servicio de mantenimiento se ejecutó fuera del plazo establecido: 88% en la Unidad Funcional 1 (OSP S.A.), 86% en la Unidad Funcional 2 (Grupo al Sur SA UTE) y 95% en la Unidad Funcional 3 (Pc Publicidad S.A.).
• Se verificaron debilidades de control interno (órdenes de servicio sin vincular a notas de pedido o sin plazo estipulado, y documentación solo en papel), no se aplicaron penalidades ante los incumplimientos y la GOMU contó con solo 4 verificadores, un 33,4% menos que en 2022, cantidad insuficiente.

La Auditoría concluyó que existieron falencias y debilidades de control interno, incumplimientos de plazos en el mantenimiento y conservación del mobiliario urbano y en la resolución de reclamos, además de riesgos de control y detección por la falta de especificidad del pliego sobre la localización y zonificación de cada concesionaria. También señala que la prórroga del contrato —cuyo plazo original vencía en 2016 y fue extendido hasta 2034— evitó un nuevo llamado a licitación, y que la ausencia de metas en el programa presupuestario 91 impide dimensionar el cumplimiento de la política pública.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.