Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó el desempeño del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), el órgano que asesora sobre la protección del patrimonio urbano, durante el ejercicio 2024. El objetivo fue evaluar si los recursos del organismo se usaron con economía, eficiencia y eficacia para cumplir sus objetivos. La Auditoría encontró que el Consejo se reunió solo tres veces en el año, cuando su reglamento prevé sesiones cada quince días, y que en algunos casos faltó la resolución que formaliza el retiro de inmuebles del Catálogo Preventivo, lo que refleja debilidades en el control interno y en el seguimiento de los expedientes. Además, recuerda que el CAAP es un órgano de consulta sin poder de decisión ni presupuesto y que sus dictámenes no son vinculantes. Por último, sugiere una futura auditoría sobre las direcciones generales de Interpretación Urbanística y de Obras y Catastro por su rol clave en la protección del patrimonio urbano.

• El CAAP se reunió tres veces durante el ejercicio 2024, en contraposición con el artículo 7 de su Reglamento Funcional, que establece sesiones ordinarias cada quince días.
• En el expediente vinculado al inmueble de la calle Bulnes 1480 no consta el acto administrativo (resolución de la SSGU) que disponga el retiro del Catálogo Preventivo, por lo que el expediente electrónico enviado por el auditado está incompleto, lo que implicaría un deficiente sistema de control interno de gestión en incumplimiento de lo normado por la Ley 70 (art. 7 y su reglamentario).
• En el expediente vinculado al inmueble de la calle Ensenada 122, pese a la recomendación del CAAP del 28 de mayo de 2024 de hacer lugar al recurso de reconsideración, no consta la resolución de la SSGU que establezca el retiro del Catálogo Preventivo, con el expediente electrónico incompleto y la misma implicancia de deficiente control interno en incumplimiento de la Ley 70.
• La evaluación de inmuebles que realiza el CAAP se basa en el Código Urbanístico y no en la Ley 1.227 de Patrimonio Cultural.

Del examen efectuado se detectaron debilidades en la periodicidad de las reuniones, que no se ajustan al reglamento funcional vigente, y deficiencias en la trazabilidad de los expedientes. Se sugiere una futura auditoría centrada en la Dirección General de Interpretación Urbanística y la Dirección General de Obras y Catastro, por su rol crítico en la protección del patrimonio urbano.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.