COMPRAS EMERGENCIA COVID - 19.

La Auditoría General de la Ciudad evaluó las compras que hizo el Gobierno porteño durante 2020 para enfrentar la emergencia del COVID-19, específicamente en la jurisdicción encargada de Contrataciones y Adquisiciones. Encontró que los expedientes de compra estaban incompletos, hubo una ampliación de licitación que superó el tope legal del 50% del monto original, y faltaron controles en los gastos rendidos por Caja Chica Especial. También se detectó que no se pidió la Declaración Jurada de Intereses a algunos proveedores, faltaron garantías contractuales y no se publicaron en el Boletín Oficial muchas compras bajo el régimen del Decreto 433/16. La Auditoría concluye que la urgencia sanitaria llevó a superar los topes legales y a debilidades en el armado de los expedientes, y recomienda mejorar los protocolos de compra para situaciones similares.

• Falta de integridad de los expedientes correspondientes a las compras realizadas.
• La ampliación de la Licitación Pública superó el 50% del monto original, tope establecido por el artículo 119 inciso i) de la Ley N° 2095.
• Faltaron controles en las rendiciones de gastos de la Caja Chica Especial: 262 de 362 comprobantes (72,38%) presentaban observaciones, principalmente por no constar el período facturado.
• En dos rendiciones de la Caja Especial N°2 no constaba la documentación de los viajes realizados, no se exigió la Declaración Jurada de Intereses a proveedores exigida por resolución, y no se pudo determinar la exclusividad del servicio de taxímetro.
• En una ampliación de Contratación Directa no se dio intervención a la Procuración General para la aprobación de la resolución, y no constaban las garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato ni la devolución de la primera.
• En las compras realizadas por Decreto N° 433/16, en 21 de 24 expedientes analizados (87,50%) el acto administrativo no estaba publicado en el Boletín Oficial y no se localizó el cuadro de precios de referencia.

La emergencia sanitaria llevó a superar los topes de compra de la Ley 2.095 y a que la documentación de los expedientes no reuniera los principios de integridad y verificación, además de observarse falta de controles en las compras mediante Cajas Especiales. La Auditoría señala que esta situación debería servir para mejorar y actualizar los protocolos de adquisiciones para situaciones similares, maximizando los controles y la transparencia.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.