Provisión de Agua Potable a Población Vulnerable

La Auditoría General de la Ciudad examinó la provisión de agua potable con camiones cisterna a villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios, un programa a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social y el Instituto de Vivienda de la Ciudad, correspondiente al período 2021 (con registros de 2020). Encontró que el programa no define con claridad qué barrios debe atender, no cuenta con profesionales especializados en la problemática socioambiental y no elabora diagnósticos ni mapas de las zonas asistidas. También detectó registros de servicios y reclamos incompletos, modificables o que no coinciden entre sí, y una facturación de horas que no guarda correspondencia con las prestaciones registradas. Además, señaló que el servicio siguió prestándose varios meses sin contrato vigente y que la prórroga se tramitó y registró con fallas formales. La Auditoría concluye que el servicio de emergencia debe delimitar su universo de intervención, formalizar sus modalidades y mejorar sus sistemas de información para controlar lo que presta y factura la empresa contratista.

• El personal afectado al servicio no incluye profesionales especializados en problemática socioambiental ni en estudios de diagnóstico e impacto, aunque la normativa de estructura los prevé.
• El programa no delimita con claridad el universo poblacional y barrial a asistir y no produce diagnósticos, informes ni mapeos de las zonas atendidas.
• Los registros del servicio presentan debilidades: la planilla de órdenes de servicio se completa después de las recorridas sin consignar los servicios no satisfechos, los remitos diarios están incompletos y no coinciden con los registros, y los reclamos se anotan en una planilla modificable y sin constancia documental.
• El pliego de licitación tiene debilidades técnicas: no establece mecanismos para certificar el origen de las muestras de agua analizadas, incluye barrios sin asistencia periódica y sus zonas están desbalanceadas y con denominaciones de barrios poco identificables.
• El servicio continuó prestándose entre abril y agosto de 2020 sin contrato vigente, la prórroga se inició con el contrato ya vencido, no se inscribió en el sistema Buenos Aires Compras y no consta la intervención previa de la Procuración General.
• Las horas facturadas no guardan correspondencia con las prestaciones registradas en varios renglones, los servicios de enero a agosto de 2020 se facturaron con demora e incluso por meses sin Orden de Compra, y el sistema de metas físicas presentó problemas de programación y medición.

La Auditoría concluye que la satisfacción plena del derecho al agua depende de los procesos de urbanización a cargo de las distintas jurisdicciones y que, mientras tanto, el servicio de emergencia debe delimitar adecuadamente su universo de intervención, afianzar sus equipos profesionales, formalizar los alcances y modalidades de la prestación y mejorar sus procesos y sistemas de información para un apropiado control del servicio de la empresa contratista.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.