DG FISCALIZACION EN LA VIA PUBLICA.

La Auditoría de la Ciudad revisó, correspondiente a 2016, el programa de fiscalización en vía pública que ejecuta la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que se ocupa de la limpieza y el mantenimiento urbano mediante contratos con empresas privadas. Se examinaron contrataciones como la limpieza de Microcentro, los corredores del Metrobús y las estaciones de trasbordo de Retiro y Constitución. La Auditoría encontró una gestión desorganizada: durante el año cambiaron hasta tres veces las áreas a cargo de los contratos, se perdieron las actuaciones de dos licitaciones, los contratos se prorrogaron más allá de su plazo original y hubo problemas de fechas y de claridad en las órdenes de trabajo. Además, el organismo auditado envió la información de forma desordenada e incompleta, con demoras, y parte no la entregó alegando que era de una gestión anterior. La Auditoría concluye que se trata de incumplimientos que pueden corregirse y que la falta de información por pertenecer a una gestión anterior es un argumento inadmisible en la rendición de cuentas públicas.

• Durante el ejercicio cambiaron hasta tres veces las áreas del Ministerio a cargo de los contratos de limpieza y mantenimiento, sin que se remitiera toda la documentación en los pases, lo que desintegró de hecho el programa y generó incertidumbre sobre la fecha real de inicio de los trabajos.
• La información requerida por la Auditoría fue enviada de manera desprolija, desordenada, confusa e incompleta, con demoras excesivas, y parte no se entregó alegando que pertenecía a una gestión anterior.
• Se perdieron, en soporte papel y digital, las actuaciones por las que tramitaron dos de los cuatro procesos licitatorios auditados.
• Ningún contrato tuvo acta de inicio suscripta y todos fueron prorrogados, de modo que la duración promedio fue de entre tres y cuatro años cuando el plazo original era de dos.
• No se cumplieron las observaciones al proceso licitatorio formuladas por la Procuración General y no se justificaron los motivos del apartamiento.
• Se usó la normativa de autorización del gasto para pagar trabajos de contrataciones por licitación pública, y la comunicación con las contratistas presentó órdenes poco claras e imprecisas y fechas de ejecución de tareas anteriores a la orden de servicio correspondiente.

La Auditoría concluye que los aspectos técnicos, contables y jurídicos observados revelan incumplimientos susceptibles de subsanación, siendo los más relevantes las prórrogas en exceso del plazo contractual y las inconsistencias entre las fechas de las órdenes de servicio y las notas de pedido. Destaca además la desorganización derivada de los cambios de autoridad de aplicación y las dificultades de acceso a la información, y califica de inadmisible el argumento de que la documentación faltante correspondía a una gestión anterior.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.