Servicios de Higiene Urbana - Recolección y Limpieza por Terceros.

La Auditoría General de la Ciudad examinó la contratación y el pago de los servicios de recolección de residuos y limpieza de calles concesionados a empresas privadas durante 2012, a cargo de la Dirección General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Encontró que se giraron a las contratistas unos 267 millones de pesos en transferencias y adelantos sin sustento en el contrato ni norma que los autorizara, y que un acuerdo entre las empresas y los gremios terminó derivando en la emisión de deuda pública por unos 220 millones de pesos. También observó modificaciones en las compras de contenedores y camiones sin la aprobación administrativa correspondiente, servicios de diciembre de 2012 contabilizados fuera del ejercicio y un permiso ambiental vencido desde 2010 en una base de operaciones. Concluye que el contrato se prorrogó más de cuatro años más allá de su plazo original, lo que dificulta determinar si el gasto es razonable, y que el Gobierno no actuó con celeridad frente a los incumplimientos de las empresas.

• Las transferencias y adelantos de fondos a las contratistas por $267.757.149,57, dispuestas por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, no encontraban sustento en la relación contractual ni norma que autorizara al Ministro a realizarlas, y no fueron publicadas en el Boletín Oficial.
• El Acta Acuerdo del 17/02/12 entre las contratistas y los gremios utilizó el instituto del despido sin causa pese a que no se verificó el resguardo al trabajador que lo justifica, y el GCBA hizo lugar a los reclamos que derivaron en el reconocimiento de mayores costos, anticipos de fondos y emisión de deuda pública.
• En la Licitación N° 1099/12 (contenedores) se modificaron el tipo de equipamiento y las cantidades licitadas después de la adjudicación y de la emisión de la orden de compra, sin que se dictara el acto administrativo que lo aprobara.
• En la Licitación N° 2641/12 se emitieron las órdenes de compra a favor de las empresas integrantes de la UTE en forma individual, sin que acreditaran fehacientemente la inscripción de la UTE ante la Inspección General de Justicia antes de firmar el contrato.
• El gasto por la certificación del servicio de diciembre de 2012 de las contratistas Cliba, Urbasur y Galu no se devengó durante el ejercicio presupuestario correspondiente.
• El Certificado de Aptitud Ambiental de la base de operaciones de la Zona 4 estaba vencido desde el 20/04/10, en incumplimiento de los artículos 18 y 35 de la Ley N° 123 de Impacto Ambiental.

La Auditoría concluye que la Licitación Pública N° 6/03 se desarrolló en un contexto complejo, con sucesivas prórrogas que extendieron el contrato más de cuatro años y dificultan determinar la razonabilidad del gasto, y que una situación originada entre las contratistas y sus representantes gremiales concluyó en la emisión de deuda pública por alrededor de $220 millones. Además, observó que la Administración no actuó con celeridad ante los incumplimientos de las contratistas en las licitaciones de contenedores y camiones, que una contratista mantuvo en su poder un anticipo de más de $7 millones reclamado recién 15 meses después, y que el mal estado de los contenedores relevado denotaría falta de control por parte de la DGLIM.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.