PASEO DE BAJO- AUTOPISTA RIBEREÑA.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó el proyecto de la obra del Paseo del Bajo (Autopista Ribereña) correspondiente al año 2016, cuya ejecución estuvo a cargo de la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA). La Auditoría encontró que las principales contrataciones se realizaron sin el marco legal y financiero aprobado de antemano: las leyes de la Legislatura, el préstamo internacional y el convenio con la Nación se concretaron después de firmados los contratos. También detectó que la documentación entregada estaba incompleta, desordenada y confusa, con faltantes como actas de apertura de sobres y versiones finales de los pliegos, lo que impidió verificarla correctamente. Además, se observaron fallas en los llamados a licitación, como haber informado a los interesados de un acuerdo con el gremio de la construcción antes de que el convenio existiera. La Auditoría concluye que la necesidad de la obra está justificada, pero no la urgencia con que se la inició, y que hubo acciones no ajustadas a la buena práctica y organización administrativa.

• La documentación de respaldo de las contrataciones puesta a disposición estaba incompleta y desordenada, y la documentación financiera y contable resultó confusa, lo que impidió conciliar las distintas fuentes de información.
• No constaban las actas de apertura de sobres de las licitaciones de los tramos A, B y C ni las versiones finales y publicadas de los pliegos con las modificaciones indicadas por la Procuración General.
• Todo el proceso licitatorio de las obras principales se llevó a cabo sin la aprobación legislativa de las leyes de zonificación y sin el préstamo de la CAF y el convenio de ejecución firmados, por lo que el GCABA asumió responsabilidades sin el marco legal adecuado.
• Se informó a los interesados en las licitaciones que existía un acuerdo con el gremio UOCRA antes de que el convenio se suscribiera y homologara, y la resolución que lo homologó incumplió requisitos esenciales del acto administrativo.
• El presupuesto 2016 del GCABA no asignó recursos para financiar el proyecto, AUSA no incluyó las obras en su presupuesto, y no se justificó la modificación del orden de apertura de las ofertas económicas.
• La Corporación Antiguo Puerto Madero no suministró la información requerida sobre la obra del Nuevo Edificio de la Comisaría 22, y la calidad de la documentación aportada afectó el examen, llevando a expresar riesgos de auditoría.

La Auditoría concluye que la documentación relevada justifica la necesidad pública del proyecto pero no la urgencia con la que se inició su ejecución, lo que implicó una serie de acciones no ajustadas a la buena práctica y organización administrativa. Señala además que el análisis resultó parcial por aspectos que trascienden el alcance jurisdiccional de la AGCBA y que el examen estuvo afectado por la calidad de la documentación puesta a disposición.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.