EDUCACION SEXUAL INTEGRAL.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó cómo se aplica la ley de Educación Sexual Integral (Ley 2.110) en el Ministerio de Educación porteño, tomando como caso el programa de Talleres de Educación Sexual durante el año 2016 y revisando escuelas primarias y secundarias. La conclusión general es que hubo avances, pero la implementación es dispar y depende mucho de lo que decida cada escuela. La Auditoría también señala que no existe un área específica que actúe como autoridad de aplicación de la ley, que faltan metas definidas en el presupuesto y que se detectó un pago de $42.000 a un club deportivo por actividades que no estaban relacionadas con educación sexual. Además, muchas escuelas no recibieron capacitación docente en el tema y no se hicieron relevamientos sobre las necesidades de capacitación ni de materiales didácticos.

• No existe un área específica dentro del Ministerio de Educación designada como autoridad de aplicación de la Ley 2.110, por lo que no se realizan tareas de planificación, ejecución y evaluación de sus lineamientos.
• No se establecieron metas físicas a nivel del Programa 30 ni de la Actividad 3, lo que dificulta evaluar el presupuesto.
• Se detectó un pago de $42.000 al Club Atlético Deportivo Paraguayo imputado al programa de Talleres de Educación Sexual para actividades del Proyecto Jornada Extendida que no se relacionan con la educación sexual integral.
• El 35% de las escuelas primarias de la muestra no incorporó contenidos de educación sexual integral en las planificaciones de Ciencias Sociales de 6° grado durante 2016, y los planes de estudio del Ciclo Básico de las escuelas técnicas no incorporaron esos contenidos.
• El 82,61% de las escuelas primarias y el 34,62% de las secundarias de la muestra no recibieron capacitación en contenidos de educación sexual integral para sus equipos directivos y docentes durante 2016, y no hubo relevamientos sobre necesidades de capacitación ni de recursos didácticos.
• No se realizaron talleres de formación para padres, madres y tutores ni encuentros periódicos de diálogo con organizaciones de la comunidad, tal como lo prevé la Ley 2.110.

Se han realizado avances en la implementación de la Educación Sexual Integral, pero su aplicación es dispar y altamente dependiente de las acciones definidas al interior de cada institución, y no existen instancias de coordinación entre las áreas del Ministerio que unifiquen objetivos y metas ni que controlen los avances.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.