Instituto Superior de Formación Policial.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó el Instituto Superior de Seguridad Pública (dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad) durante los ejercicios 2010 y 2011, evaluando si sus recursos se usaron de manera eficiente para cumplir sus objetivos de formación y capacitación policial. La Auditoría encontró que el Instituto operaba con limitaciones reales de autonomía, con una estructura organizativa incompleta y con debilidades en su control interno, además de una baja ejecución presupuestaria en 2010. También detectó que el programa de certificación de agentes de seguridad privada no se llevó a cabo: no se formó ni certificó a ninguna de las 35.000 personas previstas. Por todo ello, concluye que en ese período el Instituto cumplió solo parcialmente con su función de formar y capacitar al personal policial.

• La estructura funcional por debajo de los niveles de Dirección no estaba formalizada, por lo que faltaba definir las responsabilidades del personal asignado a las distintas secciones.
• Al momento del período examinado no existían manuales escritos de normas, procedimientos e instructivos que definieran los circuitos y procesos administrativos.
• El armamento y los materiales de entrenamiento asignados al Instituto eran insuficientes, y se verificó un déficit en el circuito de registro, guarda, conservación y seguridad del armamento y la munición.
• En 2010 se registró una sensible subejecución presupuestaria del inciso 1 (33% del presupuesto sancionado y 90,48% del vigente), y en 2011 no se ejecutó la partida del programa 63 ni se alcanzaron sus objetivos.
• En varias contrataciones (análisis clínicos, lavado de ropa, uniformes, obras, entre otras) se observaron deficiencias en la documentación: pliegos incompletos, valores no justificados, falta de garantías y trámites iniciados tardíamente.
• En 2011 no se desarrolló el curso ni se certificó a ningún agente de seguridad privada, cuando el presupuesto proponía certificar 35.000 personas; tampoco funcionaron áreas previstas por ley como el Consejo Académico y el Observatorio Metropolitano.

La Auditoría concluye que en los períodos 2010 y 2011 el Instituto cumplió parcialmente con su función, dado que su autarquía se encontraba limitada en lo administrativo, humano y material, áreas previstas por ley no se pusieron en funcionamiento y hubo déficit de control interno y falta de cumplimiento de metas físicas.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.