Compras y Contrataciones del Servicio de Seguridad y Vigilancia y Vigilancia Electrónica, con destino a las Dependencias y Bienes de GCBA.

La Auditoría General de la Ciudad examinó las compras y contrataciones del servicio de seguridad y vigilancia (física y electrónica) para dependencias y bienes del Gobierno porteño, correspondientes al año 2010, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad. El foco fue la licitación que cubría 327 lugares divididos en cuatro zonas de la Ciudad, con seis empresas participantes. La Auditoría encontró que el expediente no permite verificar su integridad, que no se documentaron los fundamentos de la división en zonas ni los criterios de selección, y que la ampliación del contrato superó el tope del 20% que fija la ley de compras. También detectó que la Comisión Evaluadora no dejó constancia de varios controles exigidos y que algunas empresas presentaron documentación incompleta, vencida o inscripta recién después de la preadjudicación. Concluye que la falta de planificación y fundamentación derivó en falencias e incumplimientos, aunque destaca que la adjudicación se hizo con valores menores a los ofrecidos y dentro de lo presupuestado.

• No consta en el expediente la motivación del acto administrativo ni los fundamentos de la división de la Ciudad en zonas para la licitación, ni el criterio de selección de los objetivos, las horas/hombre y los kits requeridos.
• No se puede constatar la integridad de los expedientes: las ofertas no forman parte del cuerpo principal, hay foliatura incorrecta o faltante y el desglose de documentación fue incorrecto.
• El monto de la ampliación representa el 20,36% del importe original licitado, superando los límites establecidos en el artículo 117 de la Ley 2095.
• En las ampliaciones de objetivos se asignaron a los proveedores lugares fuera de la zona adjudicataria, y los contratos originales no llevan adjunto el detalle de los objetivos correspondientes.
• La Comisión Evaluadora no dejó constancia de la verificación del registro de proveedores (RIUPP), del análisis de antecedentes jurisdiccionales, del cuadro comparativo de ofertas, del análisis de estructuras de costos ni de la valoración de los componentes de los kits.
• Varias oferentes presentaron deficiencias documentales: inscripción en el RIUPP posterior a la preadjudicación, certificación ISO vencida, falta de habilitación para servicios electrónicos, ausencia de planes de contingencia y nóminas de vigiladores no acreditadas.

La falta de planificación y fundamentación necesaria para el inicio del proceso de adquisición derivó en falencias e incumplimientos varios durante la etapa de selección, con problemas en el Sistema de Control Interno y en las tareas de la Comisión Evaluadora. No obstante, la adjudicación se realizó con valores inferiores a los presentados por los oferentes y dentro de los parámetros presupuestados, y la auditoría abarcó hasta el momento de la adjudicación, quedando la implementación posterior para eventuales auditorías.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.