AUSA. JUICIOS.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó la gestión judicial de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), empresa del Ministerio de Desarrollo Urbano, correspondiente al año 2011, es decir, los juicios en los que la empresa es parte actora o demandada. Se revisaron carpetas internas, causas en los tribunales, el sistema de control interno, la administración del personal, el tratamiento contable y la contratación de estudios jurídicos externos. La Auditoría encontró carpetas incompletas, expedientes judiciales que no figuraban en los listados de la empresa, falta de circuitos formales de trabajo, ausencia de metas e indicadores de gestión y deficiencias en la capacitación y distribución de causas entre abogados. Concluyó que los juicios se gestionaron razonablemente, pero que hay cuestiones de control interno que deberían modificarse, y advirtió debilidades en obras de pasos bajo nivel respecto del impacto ambiental y la participación vecinal, que generaron suspensiones judiciales y posibles gastos.

• Un tercio de las carpetas internas muestreadas estaba incompleto, sin escritos o documentos relevantes del trámite, lo que limitaba el seguimiento de las causas.
• En ninguna de las carpetas con pericias consta el análisis de las áreas especializadas de AUSA sobre los informes periciales contables o técnicos.
• Obras de pasos bajo nivel enfrentaron suspensiones judiciales por presuntas faltas de previsión legal (audiencia pública, impacto ambiental, plan urbano ambiental), afectando 8 licitaciones, aunque no hay sentencia definitiva condenatoria.
• No consta en las carpetas la intervención o vista periódica de un superior, ni autorización superior para acuerdos de partes ni los criterios adoptados para negociar.
• Se detectaron expedientes judiciales notificados a AUSA que no fueron incluidos en el listado de juicios proporcionado por la empresa, y no existían circuitos internos formalizados, metas identificables ni indicadores de gestión.
• AUSA no tenía plan de capacitación para su personal legal, distribuía las causas por radicación y no por especialización, y un estudio jurídico externo facturó en septiembre y octubre de 2011 sin contrato vigente; además se registró una demora de 66 días en la contabilización de diciembre de 2011.

Las causas judiciales se gestionaron razonablemente, pero existen cuestiones de control interno que debieran modificarse para mejorar el tratamiento de los reclamos. La Auditoría advirtió además debilidades en la evaluación del impacto ambiental y en las técnicas de participación vecinal en las obras de pasos bajo nivel, que de haberse cumplimentado habrían ahorrado gastos improductivos por suspensiones de obras.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.