Infraestructura de la Red Pluvial - Arroyo Maldonado.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó, durante 2010, la obra de los túneles aliviadores del Arroyo Maldonado correspondiente al año 2009, financiada con un préstamo del Banco Mundial. La obra es clave para evitar inundaciones en la cuenca, pero la Auditoría encontró que el Gobierno aceptó una propuesta de la constructora que aumentó el contrato alrededor de un 8% sin justificación clara, pese a las observaciones de la inspección y del panel de expertos. También detectó que el permiso ambiental se otorgó con irregularidades: sin audiencia pública, con participación escasa de las áreas especializadas y con un análisis técnico muy apurado. Además, las medidas complementarias contra inundaciones (los desagües secundarios y las llamadas medidas no estructurales) avanzan muy lentamente o están casi paralizadas.

• El Gobierno modificó el contrato aceptando la alternativa constructiva de la contratista para el Pozo 1 (Punta Carrasco), con un incremento cercano al 8% del monto original, sin que la decisión estuviera claramente justificada.
• La modificación se hizo dando de baja un ítem y creando otro, en lugar de aplicar los mecanismos previstos en las condiciones generales y especiales del contrato para cambios de obra.
• Ni la adenda ni la resolución convalidaron la autorización para iniciar los trabajos del Pozo Único, que se dispuso por memorando interno y orden de ejecución.
• La adenda se tramitó por separado del expediente principal de la licitación, sin constancia de su incorporación al mismo.
• No hay constancia del valor de resistencia a la compresión a los 28 días de la mezcla aprobada para el relleno anular de los túneles, y el Gobierno no rechazó los reclamos de la contratista sobre el ajuste de precios pese a las recomendaciones en contra de la inspección y del panel de expertos.
• Los certificados de aptitud ambiental se otorgaron con irregularidades (sin audiencia pública, sin intervención de áreas especializadas, con trámite sumarísimo y análisis técnico muy rápido), y las obras secundarias y medidas no estructurales del programa avanzan con retraso o están casi paralizadas.

La suscripción de la adenda de agosto de 2009 no estuvo claramente justificada y significó un pago adicional de alrededor de 40 millones de pesos, y la emisión del certificado de aptitud ambiental presentó irregularidades que van en desmedro del cumplimiento de la Ley Nº 123 de Protección Ambiental. Además, el bajo avance de las obras complementarias y de las medidas no estructurales impacta en la visión estratégica del Plan Director y desnaturaliza su carácter de Política de Estado integral.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.