Mantenimiento Señalización Luminosa.

La Auditoría General de la Ciudad examinó el mantenimiento de los semáforos porteños durante 2009, servicio que la Dirección General de Tránsito reparte entre cuatro empresas contratadas y el propio Gobierno de la Ciudad. Encontró errores en la actualización de precios que llevaron a pagar de más a las contratistas, pagos y compromisos realizados sin las aprobaciones correspondientes, y muy pocos inspectores para controlar los trabajos en toda la Ciudad. También advirtió que faltan planos completos de la red, políticas de seguridad informática y planes para asegurar que el servicio siga funcionando ante fallas o incidentes. Además, con los contratos a punto de vencer no se había comenzado la nueva licitación, lo que pone en riesgo la continuidad del mantenimiento, y todavía no se instalaron los semáforos exigidos cerca de escuelas y hospitales. La Auditoría concluye que el organismo no administra sus recursos con eficacia, eficiencia y economía, y que la falta de controles internos generó pagos incorrectos en perjuicio de la Administración Pública.

• En la cuarta redeterminación de precios se utilizó erróneamente el índice base, lo que incrementó el precio unitario redeterminado en un 52,09% en varios subítems, y además se aplicaron precios unitarios mayores a los establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.
• Se detectó un compromiso definitivo duplicado por igual concepto, y los compromisos definitivos y los partes de recepción se emitieron sin la previa conformidad del funcionario competente.
• La redeterminación de precios se emitió sin que existiera el acto administrativo aprobatorio que la sustentara.
• La DGTRANS contaba con solo siete inspectores para cubrir toda la Ciudad, lo que resulta insuficiente, y sus comunicaciones con los contratistas se realizaban de manera informal.
• Pese al próximo vencimiento de los contratos, no se había iniciado el nuevo llamado a licitación, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio, y tampoco se había dado cumplimiento a la obligación de instalar semáforos en cruces próximos a escuelas y hospitales fijada por la Ley 2242.
• Faltan planos integrales de la red semafórica, una política formal de seguridad de la información, planes de continuidad ante incidentes y normas aprobadas de control de accesos a la información.

La DGTRANS no arbitra sus recursos y medios de manera de asegurar la consecución de sus fines, sin que pueda verificarse el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía. La ausencia de control interno, tanto en la inspección de las tareas de los contratistas como en lo administrativo, derivó en pagos incorrectos y en un mayor valor de los precios redeterminados, con un claro perjuicio para la Administración Pública.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.