Obligaciones a Cargo del Tesoro.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó, en el Ministerio de Hacienda, las partidas de 'Obligaciones a cargo del Tesoro' del presupuesto de 2007, es decir, fondos aprobados sin destino fijo que luego se reparten entre distintas áreas. Encontró que una parte importante de ese dinero no cumplía la condición de gasto obligatorio que justifica esa categoría, que varios programas carecían de objetivos definidos y que hubo problemas concretos, como subsidios a la electricidad en villas y barrios sin medidores ni controles de consumo. También señaló que no le entregaron toda la documentación solicitada y que algunas fallas ya se habían detectado en auditorías anteriores, por lo que propuso intervenir a la Procuración General y evaluar las responsabilidades de los funcionarios involucrados. En conclusión, advierte que esa categoría presupuestaria se usa como 'puente' para reasignar fondos a otras áreas, lo que concentra las decisiones en el Ministerio de Hacienda y puede mostrar de forma errónea la ejecución en la Cuenta de Inversión.

• El 19% de los gastos presupuestados del ejercicio ($ 161.572.100) no cumplía la característica de obligatoriedad definida para la Jurisdicción, y en 9 Programas (Nº 71 a 78 y 95) no se explicitaron los objetivos de las obligaciones.
• En el Programa Nº 18 (Aportes con fines sociales) no se suscribieron los convenios específicos previstos, los barrios involucrados no cuentan con medidores individuales, no se efectúan controles físicos del consumo eléctrico cubierto con fondos públicos y el gasto por subsidio creció 15% sin aumento de tarifas ni de casas facturadas.
• No fue posible opinar sobre la procedencia y adecuación de los cargos del Programa Nº 19 (Registro de agentes en disponibilidad) porque el sistema de liquidación de sueldos es incompatible con el SIGAF, a partir del cual se elabora la Cuenta de Inversión.
• En el Programa Nº 20 (Fondo de transición legislativa) el gasto devengado no coincide con la información de la Dirección General de Recursos Humanos y de la Secretaría Administrativa de la Legislatura (diferencia de $ 1.351.209,34), y se observan demoras en la relocalización de agentes del ex Consejo Deliberante.
• La Dirección General de Contaduría no puso a disposición 14 actuaciones solicitadas por $ 25.978.309,97 (25% de la muestra), lo que redujo la revisión al 75% restante e impidió validar las imputaciones del Programa Nº 95 (Aplicaciones Financieras).
• La recurrencia de debilidades ya señaladas en informes anteriores respecto del Programa Nº 18 llevó a la Auditoría a proponer dar intervención a la Procuración General y promover acciones administrativas para el deslinde de responsabilidad de los funcionarios involucrados y, en caso de corresponder, las denuncias judiciales pertinentes.

La Auditoría concluye que los créditos aprobados por la Ley de Presupuesto son destinados a jurisdicciones diferentes a las previstas originalmente, utilizando 'Obligaciones a cargo del Tesoro' como jurisdicción de tránsito, lo que concentra en el Ministerio de Hacienda la distribución de créditos y, de no ejecutarse el crédito en el ejercicio, origina una exposición errónea en la Cuenta de Inversión.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.