Obligaciones a cargo del Tesoro.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó las partidas de Obligaciones a Cargo del Tesoro del ejercicio 2004, gastos que administra la Secretaría de Hacienda y Finanzas y que incluyen comisiones bancarias, aportes a entes públicos, subsidios de electricidad en villas y hogares de tránsito, pagos a empleados en disponibilidad y otras erogaciones. El trabajo, desarrollado entre marzo y julio de 2006, buscó verificar si esos gastos estaban correctamente imputados y si su ejecución fue razonable. La Auditoría encontró egresos sin actos administrativos que los avalaran, ausencia de controles sobre los consumos de electricidad facturados por EDESUR y EDENOR, y modificaciones presupuestarias de las que no se pudo determinar el destino. También detectó que no se identificaban ni seguían embargos contra la Ciudad por más de 24 millones de pesos, y que parte de los empleados en disponibilidad superaba los plazos legales. Concluye que hubo faltas de control y de respaldo documental y recomienda iniciar acciones en sede administrativa sobre varios de los puntos observados.

• Faltó identificación, seguimiento y regularización presupuestaria de embargos contra la Ciudad por 24.643.425,61 pesos.
• No fue posible conocer el destino de más de 15.800 modificaciones presupuestarias, incluidas las reducciones dispuestas por un decreto de diciembre de 2004 que afectaron a varios programas.
• No existían convenios ni actos administrativos que aprobaran las comisiones bancarias cobradas por el Banco Ciudad en su carácter de agente pagador y recaudador.
• Los servicios de electricidad abonados para villas y hogares de tránsito carecían de acto administrativo aprobatorio y de controles técnicos sobre los medidores de EDESUR y EDENOR, con deficiencias que suman 45.433.870 pesos.
• El 25,5% de los agentes (159) del sistema de agentes en disponibilidad superaba los plazos del Decreto 2182/03, y en 324 agentes (54% del total) no constaba la fecha de ingreso al Gobierno de la Ciudad.
• Se hallaron evidencias de falta de integridad en los documentos de un expediente del programa de asistencia social al personal, y no se dejó constancia de la opción del Gobierno de contratar un seguro o autoasegurarse en materia de riesgos del trabajo.

La Auditoría concluye que la administración de estos programas presentó carencia de actos administrativos que avalaran egresos, falta de controles sobre la procedencia de los consumos eléctricos y de la cuenta de compensación informada por las compañías eléctricas, incumplimientos normativos en el sistema de agentes en disponibilidad, falta de identificación del destino de reducciones presupuestarias y falta de exposición y seguimiento de los embargos. De acuerdo con el dictamen del área legal de la AGCBA, se recomienda instruir acciones en sede administrativa respecto de varios de los puntos observados.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.