Gestión de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Formación Profesional.

La Auditoría General de la Ciudad examinó la gestión de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Formación Profesional durante el año 2007, abarcando tareas como la fiscalización laboral, las inspecciones, la conciliación entre empleadores y trabajadores y la formación profesional. Encontró que el área que controla el cumplimiento de las leyes laborales funciona sin una estructura organizativa formal ni procedimientos escritos, que nunca hubo un plan anual de inspecciones y que la mayor parte de los controles se hace solo cuando alguien presenta una denuncia. También detectó que falta personal, que la información y los expedientes se registran y archivan con serias deficiencias, y que 21 expedientes de la muestra no pudieron revisarse porque el personal no los entregó. La Auditoría concluye que la información que produce el organismo no es completa ni confiable, lo que representa un riesgo para el control y la gestión.

• La Dirección General de Protección del Trabajo carece de una estructura orgánico-funcional definida y dictada en términos formales, situación que se remonta al inicio de sus funciones en el año 2000.
• El organismo no cuenta con un Manual de Normas y Procedimientos aprobado formalmente que establezca los circuitos y requisitos de los procedimientos administrativos.
• Las tareas de la Dirección General de Protección del Trabajo resultan ineficaces e ineficientes respecto de lo encomendado por la Ley 265: no existe un Plan General Anual ni inspecciones de oficio por materia o actividad, y la mayor parte de las inspecciones deriva de denuncias.
• El personal resulta escaso y limitado para llevar a cabo los trabajos de fiscalización, prevención y administración.
• Se constataron deficiencias en la registración, integridad, confiabilidad, exposición y archivo de la información y la documentación, con serias debilidades de control interno en los procesos de tramitación.
• Existe una falta de reglamentación integral de la Ley 265 por parte de la Autoridad de Aplicación, y la demora en la tramitación de las actuaciones deriva en nulidades y caducidades que producen perjuicio fiscal para la Administración.

Las principales debilidades se encuentran en la falta de una estructura formal que posibilite la delimitación y atribución de responsabilidades, una mejor administración de los recursos y el control interno, la inexistencia de procedimientos escritos y la ausencia de normas claras, en particular las que correspondería dictar a la Autoridad de Aplicación. Como consecuencia de la auditoría puede establecerse que la información no es integral, completa ni confiable, con el riesgo que ello acarrea en términos de control y gestión.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.