Instituto de la Vivienda – Programa Mejor Vivir

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó el Programa Mejor Vivir, que administra el Instituto de Vivienda de la Ciudad y financia mejoras de viviendas con fondos nacionales, tomando como período auditado el año 2006. Se revisaron los trámites de otorgamiento de créditos a personas y a consorcios, y la labor de las empresas contratadas para las obras. La Auditoría encontró que muchos expedientes carecían de documentación exigida, que se otorgaron créditos a personas con ingresos superiores a los previstos para el programa, y que veinte empresas incumplieron las obras sin que se les aplicaran sanciones ni se ejecutaran sus garantías. También advirtió firmas dudosas en convenios y remitió el informe a la Procuración General, recomendando iniciar acciones administrativas para deslindar responsabilidades.

• La definición amplia del programa y la falta de indicadores impedían evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de sus objetivos.
• En la muestra de créditos individuales se verificó el otorgamiento de créditos a personas cuyos ingresos no correspondían a la franja de bajos ingresos y falta de verificación de que los beneficiarios no tuvieran otra propiedad.
• Un porcentaje relevante de expedientes individuales carecía de Informe de Factibilidad, Memoria Descriptiva, Cómputo Métrico, Análisis de Precios, Ponderación de Insumos, convenios de adhesión y de pago, y recepción definitiva.
• En los expedientes de consorcios faltaban en altos porcentajes documentos como el plano del inmueble y la conformidad de obra, y la Coordinación dejó de aplicar ciertos requisitos sin cambio normativo alguno.
• Veinte empresas incumplieron las obras pactadas sin que se las excluyera del registro del programa, se remitieran los casos a la Procuración o se ejecutaran sus garantías, llegando una de ellas a adjudicarse 70 obras.
• Se advirtieron notorias diferencias en las firmas de convenios de adhesión y de pago de un supuesto único beneficiario, lo que llevó a remitir el informe a la Procuración General de la Ciudad.

La Auditoría concluyó que el programa presenta indefinición de responsabilidades entre beneficiario, empresa e IVC, y condiciones de devolución inequitativas, y que resulta imperiosa su redefinición junto con la aplicación de un sistema de control interno. Recomendó instruir acciones administrativas para deslindar responsabilidades y remitió el informe a la Procuración General de la Ciudad.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.