Programa Cultural en Barrios

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó en 2005 el Programa Cultural en Barrios de la Secretaría de Cultura, que financia talleres y actividades en los Centros Culturales Barriales. Los auditores revisaron contratos de personal, convenios con espacios donde funcionan los centros y la organización general del programa, aunque algunos expedientes no fueron entregados. Encontraron que el programa funciona sin una planificación central ni registros confiables, que no se controla la seguridad de los espacios y que varias contrataciones y rendiciones presentaron irregularidades. La Auditoría concluyó que el programa careció de una gestión articulada y con reglas claras, y recomendó iniciar acciones administrativas sobre las observaciones más graves.

• No existe control ni fiscalización de la normativa de seguridad que garantice que los espacios, públicos y privados, son adecuados para prestar el servicio.
• La Coordinación Central del Programa no conoce la identidad de las contrapartes institucionales de los centros culturales que funcionan en espacios privados, y no se exhibieron los convenios con esos ocho centros.
• En los espacios privados conviven actividades del programa con otras ajenas, sin delimitación formal de responsabilidades.
• La Coordinación autorizó el cobro y recibió rendiciones de Bonos Contribución, autorizó el uso de módulos docentes para gastos de funcionamiento y permitió dictar cursos a docentes no contratados para esa función por el programa.
• Se contrataron personas para prestaciones docentes de las que no quedó registro en los centros asignados, y se imputó a ejercicios presupuestarios anteriores el pago de servicios de tres agentes.
• El programa carece de planificación, de información fidedigna sobre el funcionamiento de los centros, de un archivo ordenado de legajos y de herramientas informáticas y de archivo para los centros, además de no delimitar responsabilidades de coordinadores y promotores.

El Programa Cultural en Barrios careció durante el período auditado de una planificación que articulara sus partes en forma coordinada; en 12 años de funcionamiento no se formalizó la relación con las contrapartes privadas ni hubo criterios transparentes en su selección, y la falta de controles y registros fidedignos generó una gestión sin parámetros homogéneos. La Auditoría recomendó iniciar acciones en sede administrativa según el art. 136 inc. k) de la Ley 70 respecto de las observaciones 1 a 8.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.