Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

La Auditoría General de la Ciudad examinó en 2006 cómo se administraron, durante 2005, los fondos que el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria transfirió a la Ciudad para entregar módulos de alimentos a familias, a través de la Dirección General de Política Alimentaria del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Encontró que el programa se concentró en repartir alimentos sin un seguimiento adecuado de las familias, con fallas en el valor nutricional de los módulos (incluidos los destinados a celíacos, comprados sin cumplir las normas de rotulación), datos inconsistentes de los beneficiarios y demoras e inconsistencias en la justificación de los gastos. También observó que las áreas encargadas trabajaron de forma fragmentada y poco articulada entre sí. Concluye que, si bien crear un espacio común entre ministerios para atender el riesgo nutricional es un paso importante, en la práctica se privilegia la entrega de alimentos por sobre el acompañamiento integral que estas familias necesitan.

• El proyecto marco carecía de una programación detallada y de una distribución clara de responsabilidades entre las áreas involucradas en su ejecución.
• No se registraba el seguimiento de las causas por las que algunos beneficiarios dejaban de retirar los módulos, ni la articulación con otros programas, ni la cantidad de encuentros de capacitación a los que asistió cada titular.
• La cobertura nutricional informada por el programa no reflejaba la real: el cálculo por módulo ignoraba los grupos de edad, surgían diferencias negativas con las raciones recomendadas y el aporte era desequilibrado, superando los desvíos tolerables.
• Se verificó la adquisición de productos para celíacos que incumplía las normas de rotulación del Código Alimentario Argentino, y la falta de información nutricional de esos productos impidió analizar el impacto del programa y su relación costo-beneficio.
• No existía una única unidad de medida para las metas físicas (familias, personas o módulos) y hubo demoras e inconsistencias en las rendiciones: se rindieron en 2006 fondos transferidos en 2005 con gastos de 2004, y los montos informados por el Ministerio no coincidían con los rendidos por la Subsecretaría.
• Las bases de datos y los legajos de beneficiarios presentaban inconsistencias y deficiencias de archivo que dificultaban el acceso a la información, el seguimiento y la medición del impacto del programa.

El proyecto se enmarcaba en la creación de un espacio de intervención común entre varios ministerios y el Consejo de los Derechos para atender el riesgo nutricional, pero la propuesta de intervención integrada no se visualizó en las tareas de campo: las acciones demuestran un elevado nivel de fragmentación y poca articulación. Además, en la ejecución se privilegia la entrega de alimentos por sobre el seguimiento y la contención profesional que requieren las familias con problemáticas nutricionales específicas.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.