Actividades Centrales Convencionales de la Dirección General Administrativa y Legal de la Secretaría de Infraestructura.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó las actividades centrales de la Dirección General Administrativa y Legal de la Secretaría de Infraestructura durante el año 2004, en particular el manejo de sus compras y contrataciones (Programa 1). Esta área centraliza las contrataciones de toda la Secretaría, pero la Auditoría encontró que funcionaba sin una norma que la creara formalmente y sin un funcionario designado oficialmente a cargo. También detectó que las imputaciones presupuestarias de gastos de publicidad de otras jurisdicciones se hacían sin respaldo normativo, que faltaba planificación en los gastos de fotocopias y que se contrató el servicio de fotocopiado sin seguir los procedimientos de contratación exigidos. La Auditoría concluye que, en la práctica, las compras de ese sector carecían del aval jurídico necesario y que no se cumplió plenamente la normativa presupuestaria en materia de publicidad.

• El Área de Compras y Contrataciones, que gestiona las compras de toda la Secretaría, carecía de una norma o acto administrativo formal que la creara.
• No existía nombramiento formal ni asignación de responsabilidades del funcionario a cargo de la tramitación de las contrataciones durante el período examinado, ni soporte normativo que avalara su capacidad legal para gestionarlas.
• Faltaba un acto administrativo o norma formal que permitiera a la Subsecretaría de Comunicación Social efectuar las imputaciones presupuestarias de publicidad de otras jurisdicciones.
• Hubo falta de planificación respecto de los gastos de fotocopias de la unidad ejecutora, pese a que esta tramita las contrataciones de toda la jurisdicción.
• Se contrató la provisión del servicio de fotocopiado eludiendo los procedimientos establecidos por las normas de contratación vigentes en el ámbito del GCBA (Ley de Contabilidad, Decreto 5720/PEN/72).

La falta de norma que creara el Área de Compras y Contrataciones implica que, en la práctica, la gestión de todas las compras efectuadas por ese sector carezca del aval jurídico necesario para respaldar la operatoria. Asimismo, la falta de norma para las imputaciones de publicidad conlleva que no se dé acabado cumplimiento al artículo 28, inciso b) de la Ley 70, y un exceso en el ejercicio de facultades por parte del Subsecretario de Comunicación Social.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.