Otorgamiento de permisos de apertura en la via publica

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó, durante 2003 y 2004, cómo se otorgan los permisos para hacer obras en la vía pública y cómo se controla que esas obras se realicen y cierren correctamente, tarea a cargo de la Dirección General Administrativa y Legal de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Encontró que la administración de los permisos y el cobro de tasas funciona con efectividad, pero que el control de las obras es escaso y deficiente: casi no se inspecciona durante la ejecución, no se buscan obras sin permiso y no hay registros ordenados de los controles. Además, detectó que la gran mayoría de los permisos se tramita como 'emergencias' sin justificación documental, que un convenio con empresas de servicios públicos les otorga un trato preferencial, y que no se les cobra un canon anual ni se reclaman deudas pendientes importantes. La Auditoría concluye que la Ciudad tiene dificultades para controlar plenamente las obras en la vía pública y los servicios que prestan las empresas surgidas del proceso de privatización.

• En 2003 el Secretario de Obras y Servicios Públicos se avocó en la materia y delegó aspectos operativos a un asesor, lo que desplazó de sus funciones a funcionarios con competencia específica y configuró una intervención más que una avocación.
• La Dirección de Coordinación de Tareas en Vía Pública funciona con una organización interna sin sustento normativo, carece de manuales o instructivos que formalicen sus procedimientos y tiene recursos insuficientes, sobre todo humanos, para el control y la fiscalización.
• El ejercicio del control fue escaso y deficiente: las inspecciones responden solo a reclamos, oficios judiciales o pedidos de devolución de pólizas de caución, no se inspecciona la obra durante su transcurso, no se controla la existencia de obras no permisionadas y no hay un registro sistematizado de los controles efectuados.
• El Convenio 24/97 entre el GCBA y las empresas prestadoras de servicios públicos establece un régimen preferencial para seis empresas, vulnerando el principio de igualdad ante la norma, y modifica una ordenanza, vulnerando el principio de jerarquía normativa.
• Entre el 80 y el 90 por ciento de los permisos de las empresas sanitarias y eléctricas se tramitan como emergencias sin que se verifique que respondan a esa situación, con carencia de documentación técnica que justifique las obras y coordinación parcial e insuficiente con otras áreas del GCBA.
• No se liquida a las empresas el canon anual que establece la Ley Tarifaria por metro lineal de red subterránea instalada por falta de información sobre sus dimensiones, y las empresas acumularon deudas por $13,9 millones en 2004, con una deuda informada a la SHyF de $66,8 millones a diciembre de 2003 a efectos de su ejecución fiscal.

La DCTVP cumple con efectividad las tareas de administración, registración y liquidación de tasas de los permisos, pero el análisis evidenció fuertes deficiencias en el control y verificación de las aperturas en la vía pública. La Ciudad tiene dificultades para ejercer con plenitud el poder de policía sobre las obras en la vía pública y sobre la prestación de los servicios públicos por parte de las empresas beneficiarias de su proceso de privatización.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.