Dir. Gral. de Politicas de Seguridad y Prevencion del Delito. Relevamiento. Año 2002

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires realizó un relevamiento funcional de la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito correspondiente al año 2002. Encontró que, si bien la Dirección tiene aprobada su estructura organizativa, no puede cubrir los cargos porque carece de personal en planta permanente, lo que además dificulta la relación con los vecinos. También observó falta de coordinación con otras áreas del Gobierno (defensa civil, información geográfica, servicios como desrame de árboles, semáforos y luminarias), inconsistencias en el diseño de las metas del presupuesto 2003 y malas condiciones de trabajo de los coordinadores comunales que atienden al público en los CGP. En base a esto, la Auditoría recomendó, entre otras cosas, poner en funcionamiento el Consejo de Prevención del Delito, cubrir los cargos con personal permanente o trasladado de otras áreas, y formalizar los circuitos de coordinación e información.

• Existe una estructura organizativa aprobada cuyos cargos no pueden ser cubiertos porque la repartición carece de personal en planta permanente.
• Hay dificultades para satisfacer demandas concretas de los vecinos sobre servicios con acción concurrente con la prevención del delito, como desrame de árboles, reparación de semáforos y luminarias.
• Falta coordinación con las unidades que utilizan herramientas de georeferenciamiento digitalizado, y la Dirección no interviene en el Plan Maestro de Defensa Civil ni coordina formalmente con la Unidad del Sistema de Información Geográfica.
• La carencia de personal de planta permanente impide que los agentes de prevención social y los operadores comunitarios representen a la administración frente a los vecinos, situación que constituye una potencial fuente de conflictos y perjuicios para la administración.
• El presupuesto físico 2003 presenta inconsistencias en el diseño de las metas: la 'demanda insatisfecha' no representa un valor consistente porque las poblaciones comparadas (víctimas de delitos según la encuesta de victimización y participantes del programa) no son comparables.
• Los coordinadores comunales con atención al público en los CGP enfrentan dificultades operativas: por ser personal contratado no pueden representar a la administración, carecen de espacio exclusivo para la atención, de equipamiento propio y de señalización o información que permita a los vecinos llegar a ellos.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe final de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.