PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

La Auditoría General de la Ciudad examinó cómo funcionaron durante 2017 las Defensorías Zonales del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que atienden a chicos con derechos vulnerados. Encontró que los equipos profesionales estaban incompletos, faltaban promotores de derechos en varias sedes y cada equipo atendía muchos más casos de los recomendados. También detectó fallas en el armado y archivo de los legajos, sedes sin privacidad adecuada, poco equipamiento informático y criterios de trabajo informales y desactualizados. Además, observó que los convenios con organizaciones sociales se supervisaron poco o nada y que hubo problemas de articulación con otras áreas del Gobierno para conseguir vacantes en hogares. La Auditoría concluye que estas dificultades deben corregirse para garantizar el cumplimiento de la Ley 114.

• Los listados de personal del ente auditado carecen de integridad y sus datos no son confiables, lo que debilita el control interno y la administración del personal del área.
• En 2017 los Equipos Técnicos Profesionales estaban incompletos en 11 Defensorías, faltaban promotores de derechos en varias sedes y el promedio de 470 casos por equipo resultaba entre 2 y 3 veces superior al parámetro recomendado por el propio Consejo.
• Los legajos de niños, niñas y adolescentes presentan deficiencias de archivo, guarda y registración —en el 24,6% de los casos muestreados no constan intervenciones profesionales— y el sistema informático LUNNA no se utiliza en forma periódica ni completa.
• Los espacios físicos de las Defensorías no garantizan la intimidad y privacidad de los chicos atendidos, algunas sedes no están ubicadas en el territorio que les corresponde según la normativa y existe déficit de equipamiento informático.
• Los criterios de intervención tienen carácter informal porque el 'protocolo' elaborado no cuenta con respaldo normativo vigente, los Consejos Consultivos previstos por la Ley 114 no se constituyeron salvo en una Defensoría y la supervisión de casos se realiza de manera puntual y no periódica.
• No surge evidencia de que el Consejo haya supervisado y monitoreado la ejecución de varios convenios con organizaciones de la sociedad civil, y el convenio con la Fundación Margarita Barrientos no fija instancias de control ni obligaciones de informar.

Las Defensorías evidencian dificultades derivadas de la merma de personal, la incompleta conformación de los Equipos Técnicos, la insuficiencia del equipamiento informático, la inacabada separación institucional y relocalización de efectores y la falta de adecuación de las instalaciones, las que deberán subsanarse para garantizar el cumplimiento de la misión prevista en la Ley 114. Además, los sistemas de información diseñados no se encuentran operativos (LUE) o se hallan subutilizados (LUNNA), lo que dificulta tanto la administración de recursos humanos como el seguimiento de los casos atendidos.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.