URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires relevó el programa de urbanización de villas y asentamientos de la cuenca Matanza-Riachuelo (Línea 8 del PISA), a cargo del IVC, correspondiente a los años 2018 y 2019. La auditoría encontró que el organismo no cuenta con información actualizada de la demanda de familias que necesitan vivienda, que hay debilidades en la planificación y en la articulación entre áreas, y que muchas viviendas entregadas no pueden escriturarse por problemas administrativos. También detectó que faltan estudios ambientales completos en los barrios y que en algunos conjuntos habitacionales hubo deficiencias de calidad y de gestión. La Auditoría concluye que estas debilidades implican riesgos que requieren una gestión adecuada para cumplir con los objetivos, los fallos judiciales y la demanda real de las familias.

• La toma de decisiones no adecuada no contempla plenamente los fallos judiciales sobre la cuenca y existe desarticulación con otras áreas del Gobierno de la Ciudad para su cumplimiento.
• La asignación de recursos humanos entre proyectos no sigue un criterio claro y hubo cambios organizacionales recurrentes que debilitaron la gestión.
• No existe una planificación estratégica integral ni una metodología para actualizar periódicamente el censo de población y hogares, lo que dificulta tomar decisiones con información certera.
• De las 1176 soluciones habitacionales entregadas, el 37% no constituye demanda satisfecha porque no pueden escriturarse por procesos administrativos desarticulados.
• Existe un déficit aproximado de 650 soluciones habitacionales para cubrir la demanda actualizada, que no está contemplado en nuevos proyectos.
• Los estudios ambientales de suelo y agua solo se realizaron en 6 de los 18 barrios solicitados y en el 100% de los casos se venció el plazo de prórroga sin cumplir los análisis de agua subterránea requeridos.

Las debilidades encontradas ponen de manifiesto riesgos asociados que requieren una adecuada gestión para su minimización, a fin de lograr los objetivos planteados y el cumplimiento de los fallos judiciales y de la demanda actualizada. Además, el cumplimiento de los requerimientos ambientales recién comenzó en 2016, lo que constituye una contracción para una política pública fundamentada en una causa originada por la contaminación ambiental.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.