POLÍTICAS SOCIALES EN ADICCIONES.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó el Programa 71 'Políticas Sociales en Adicciones' de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, correspondiente al ejercicio 2016; el programa incluye los centros de prevención comunitarios, el Observatorio de Adicciones y el Centro de Atención de Adicciones. La Auditoría encontró que la oferta de tratamiento no cubre todas las modalidades que prevé la Ley de Salud Mental, que faltaron supervisiones de los tratamientos y de las organizaciones convenidas, y que hubo gastos imputados a actividades que no correspondían y contrataciones de excepción sin adecuada justificación. También detectó deficiencias en los edificios y en la alimentación que se brinda a las personas en tratamiento, como alimentos vencidos y raciones con menos cantidad de la pactada. Concluyó que hay que ampliar la oferta de asistencia y mejorar los controles, y destacó que la Dirección ya empezó a corregir algunos problemas, por ejemplo aprobando su Protocolo General de Intervención.

• La oferta de asistencia no incluía modalidades previstas en la Ley de Salud Mental de la Ciudad que facilitan la reinserción social y sociolaboral, como casas de medio camino, emprendimientos sociales y centros de capacitación.
• La supervisión de los tratamientos fue insuficiente: 9 de las 23 organizaciones conveniadas no recibieron supervisión en el período, un tercio de las supervisadas no cumplió la periodicidad mínima de 4 por año y no hay constancia de supervisiones a los dispositivos propios.
• La dotación de los dispositivos propios no garantizaba el equipo interdisciplinario mínimo que prevé la ley de Salud Mental (psicólogo, trabajador social y psiquiatra), y no se contaba con especialistas en infraestructura, higiene y seguridad ni licenciados en nutrición para supervisar a las instituciones convenidas.
• Se detectaron falencias presupuestarias: porcentajes importantes de la muestra de gastos estaban imputados a actividades que no correspondían (66%, 82% y 12% según la actividad), uso de contrataciones de excepción sin adecuada justificación y subsidios a organizaciones conveniadas sin facturación respaldatoria ni, en parte, acto administrativo que aprobara el gasto.
• Las actividades de prevención se desarrollaban solo en 10 de las 15 comunas, las metas no se determinaron en función de la necesidad pública y no se elaboraron informes de gestión con indicadores para medir los resultados.
• Se observaron deficiencias en la planta física (falta de mantenimiento preventivo en los efectores propios, instalaciones eléctricas con deficiencias y riesgos de incendio en organizaciones conveniadas) y en la prestación alimentaria (déficit de gramaje en las raciones, alimentos vencidos, falta de higiene y riesgo de contaminación cruzada).

La Auditoría concluyó principalmente en la necesidad de ampliar la oferta de dispositivos de asistencia, especialmente respecto de las modalidades establecidas en la Ley de Salud Mental, y de mejorar las instancias y mecanismos de supervisión de los tratamientos y las historias clínicas, además de corregir las falencias presupuestarias y de prevención detectadas. Destacó que, al finalizar la labor, la Dirección General había implementado acciones correctivas, entre las que se destaca la aprobación formal de su Protocolo General de Intervención.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.