HOGARES CONVENIADOS.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires evaluó en 2015 el funcionamiento de los hogares conveniados con el Ministerio de Salud para la atención de niños y adolescentes con problemas de salud mental, junto con el control que ejercía la Dirección General de Salud Mental. Encontró que faltaba un control sistemático: varios establecimientos no tenían habilitaciones vigentes o correctas, incumplían normas edilicias y de personal, y se pagaban prestaciones sin verificar el tipo de servicio efectivamente brindado. También se detectaron faltas de evolución en historias clínicas, certificados de discapacidad ausentes o vencidos, y documentación laboral incompleta. Pese a esto, la Auditoría señala que la atención clínica, psicológica y social a los chicos se preservó, y destaca que tras la auditoría se firmó un nuevo convenio y se inició un proceso para incorporar nuevos establecimientos.

• Ninguno de los siete establecimientos de SERES poseía habilitación municipal, tres tenían la provincial vencida y uno carecía de habilitación nacional, mientras que la sede Quilmes de Santa Clara de Asís tenía la habilitación provincial vencida y no aportó la inscripción en el registro nacional de prestadores.
• La Dirección General de Salud Mental no realizó visitas de supervisión periódicas a los hogares durante 2015 y tampoco exigió las habilitaciones ni relevó el estado edilicio de los establecimientos.
• Los establecimientos presentaban incumplimientos edilicios y de equipamiento, como pasillos y puertas por debajo de las medidas normadas, falta de rampas y baños para discapacitados, colchones deteriorados y ausencia de espacios para aislamiento, comedor u office de enfermería.
• No se cumplía con la evolución de las historias clínicas en un 61% de los casos en SERES y un 42% en Santa Clara de Asís (año 2015), y gran parte de los residentes carecía de certificado de discapacidad (42% en SERES y 10% en Santa Clara de Asís).
• Existían faltas en la documentación laboral del personal (libretas sanitarias, antecedentes penales y certificados de deudores alimentarios) y en SERES todos los empleados eran monotributistas, en contra de la normativa laboral vigente de la Ciudad.
• Se pagaron todas las prestaciones con la cápita de mayor valor ('Rehabilitación con Internación') sin acreditar ni verificar el tipo de prestación efectivamente brindada, y los convenios no se habían actualizado pese a que la cantidad de establecimientos y la población atendida habían cambiado respecto del convenio original.

La Auditoría concluyó que faltó un control sistemático por parte de la Dirección General de Salud Mental que verificara el cumplimiento de la normativa nacional, provincial y de la Ciudad, lo que permitió que existieran establecimientos que no cumplían con la normativa de estructura y funcionamiento prestacional. No obstante, señaló que se preservaron los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a la prestación clínica, psicológica y social, y destacó que tras la auditoría se firmó en junio de 2018 un nuevo convenio y se inició un proceso licitatorio para contar con nuevos establecimientos.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.