DEFENSORIA DEL PUEBLO

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó la gestión de los juicios de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que actúa en causas judiciales para defender derechos colectivos. Encontró que la Defensoría incumplió un compromiso tomado ante un juez en una causa sobre el uso del subte por personas con discapacidad, lo que puso en riesgo la defensa de los intereses reclamados, aunque el resultado final fue favorable. También detectó debilidades en el control interno: los expedientes judiciales no reflejan bien su tramitación, no se registran las opiniones previas de las Adjuntías antes de iniciar acciones judiciales, y la contratación de un estudio jurídico externo no contó con la documentación ni siguió los trámites exigidos. A pesar de estas falencias, la Auditoría concluyó que la defensa de los intereses colectivos fue correcta y eficaz.

• En una causa sobre el uso del subte por personas con discapacidad, la Defensoría no cumplió en tiempo y forma el compromiso de realizar un censo asumido en audiencia, lo que puso en riesgo la defensa de las garantías reclamadas, aunque el resultado fue satisfactorio.
• Existe una dispersión de aplicativos para registrar entradas, producción, control y salidas de la documentación judicial, lo que genera riesgo de inadecuada accesibilidad para el seguimiento interno y de seguridad sobre la información.
• Se encontraron debilidades de control en el 100% de los cuerpos judiciales vinculados a los juicios en los que la Defensoría actuó como parte.
• No hay constancia del registro de las opiniones previas que las Adjuntías deben emitir antes de la interposición de acciones administrativas o judiciales, conforme el artículo 13 de la Ley N° 3.
• No se verificó constancia escrita de las razones que justificaron la contratación de un servicio jurídico externo para la causa 22406/16, ni del acto administrativo que la haya autorizado y aprobado.
• No existió control cruzado de la gestión de juicios del ejercicio 2017 por parte de la unidad de auditoría interna del organismo.

La Auditoría concluyó que existieron falencias de control interno en el registro y seguimiento de la documentación judicial, que los cuerpos judiciales no reflejaron con exactitud ni integridad la tramitación de las actuaciones, y que no consta el registro de las opiniones previas de las Adjuntías. No obstante, señaló que la defensa de los intereses colectivos representados resultó correcta y eficaz.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.