SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL.

La Auditoría General de la Ciudad examinó las compras y contrataciones de publicidad de la ex Secretaría de Comunicación Social durante el año 2015, en el marco del programa presupuestario de Desarrollo de Actividades Comunicacionales. Encontró que varias áreas del gobierno contrataron publicidad sin intervención de la Secretaría, que no constan los controles que debían hacer las unidades creadas para seguir y evaluar los contratos, y que en la mayoría de los expedientes se incumplieron requisitos del propio procedimiento que la Secretaría había fijado, como caratular el expediente antes de emitir la orden de publicidad o consultar el padrón de proveedores. También detectó omisiones e inconsistencias en las declaraciones juradas de los proveedores y situaciones que podrían afectar la libre competencia, porque algunas personas integraban directorios o eran socios de varias de las empresas contratadas. La Auditoría concluye que estas fallas incidieron negativamente en el desarrollo de la pauta publicitaria del gobierno y recomienda cumplir estrictamente las normas y avanzar hacia una ley que regule de manera más eficiente y transparente la distribución de la pauta oficial.

• Diversas áreas del Poder Ejecutivo efectuaron gastos en publicidad sin intervención de la Secretaría de Comunicación Social, y no existen constancias de que esta coordinara la página oficial de Internet ni participara en la planificación de las relaciones con nuevos medios, tal como lo establecían sus objetivos institucionales.
• No hay constancia de control por parte de la Dirección Operativa de Planificación y Contratación ni de la Subdirección Operativa de Seguimiento y Evaluación, que debía asegurar el cumplimiento contractual en cuanto a espacio, duración y repetición de la pauta.
• No se hallaron constancias de las acciones previstas en el programa presupuestario, como la planificación estratégica para difundir los actos de gobierno ni evaluaciones previas y posteriores de las acciones de comunicación anual.
• En el 80,06% de los expedientes analizados la caratulación fue posterior a la emisión de la Orden de Publicidad, incumpliendo la Resolución 8513-GCBA-2014, que exigía caratular el expediente antes de iniciar la contratación.
• Se verificó la inexistencia del registro de órdenes de publicidad emitidas con numeración correlativa y que en el 100% de los expedientes no obra constancia de la consulta al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).
• Se detectaron omisiones, errores e inconsistencias en las declaraciones juradas de certificación (34,04% sin fecha y 44,17% con omisiones o documentación insuficiente) y de exclusividad (27,45% con fallas), además de personas que integraban como socios o directores varias de las empresas contratadas, situación que la Auditoría señala como eventualmente afectadora del principio de libre competencia.

La Auditoría concluye que las observaciones formuladas sobre el procedimiento de contrataciones —aprobado por la propia Secretaría, que además era autoridad de aplicación— incidieron de manera negativa en el desarrollo de la pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad, y que se verificaron incumplimientos de los objetivos institucionales, de las responsabilidades primarias de la Secretaría y falta de constancia de controles internos. Recomienda a la conducción del organismo (hoy Subsecretaría de Comunicación Social) atender las observaciones, cumplir estrictamente el marco normativo y destaca la necesidad de una ley que permita una regulación más eficiente y transparente de la distribución de la pauta oficial.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.