Dir. Gral del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó la gestión de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura (Ministerio de Cultura), que administra la red de bibliotecas y los subsidios a bibliotecas populares, correspondiente al año 2015. Encontró que la gran mayoría de las compras se hizo por la vía de un decreto de contratación directa en lugar del régimen normal de compras, muchas veces sin contrato ni condiciones técnicas definidas, y que el dinero previsto para comprar libros prácticamente no se ejecutó. También detectó serias fallas formales en los contratos de artistas y de funcionamiento, gastos por caja chica mal respaldados, subsidios con rendiciones controladas solo en su formalidad y datos poco confiables en el sistema que registra la actividad de las bibliotecas. Además, verificó daños estructurales graves en tres bibliotecas visitadas, con riesgo para las personas en dos de ellas, y espacios cedidos a privados sin contrato ni autorización. Concluye que el organismo se apartó de manera significativa del régimen de compras y recomienda fortalecer los controles y resolver con urgencia el estado de los edificios.

• La Dirección General se apartó del régimen de compras y contrataciones (Ley 2095) al aplicar masivamente el decreto 556/2010, que representó el 87,44% de las operaciones, sin contratos ni pliegos que regulen las condiciones técnicas de lo contratado.
• El crédito para la compra de libros y material bibliográfico (partida 4.5.1) sufrió una caída del 99,43% respecto del crédito sancionado, lo que se tradujo en la virtual inexistencia de adquisiciones de material bibliográfico durante 2015, además de desvíos entre el destino efectivo del gasto y su imputación presupuestaria.
• En los contratos artísticos y de funcionamiento se advirtió falta de precisión en el objeto contractual, contratos sin firmar o sin fecha de firma, ausencia de certificaciones de servicios prestados y, en 4 casos, esa opacidad se usó para tramitar gastos que no se ajustan al régimen de locación de obras y servicios.
• En la tramitación de gastos por cajas chicas se detectaron comprobantes que no coinciden con las rendiciones, desdoblamiento de gastos para eludir la exigencia de tres presupuestos, adquisiciones imputadas a partidas incorrectas y gastos sin justificación o ajenos al objeto del fondo.
• Se comprobaron daños estructurales en tres bibliotecas visitadas (José Hernández, Antonio Devoto y Miguel Cané), con riesgo cierto para agentes y concurrentes en dos de ellas, y la mayoría de las dependencias sin plan de evacuación, señalización de emergencia, accesibilidad ni sanitarios aptos para discapacitados.
• Se verificó la cesión de espacios de las bibliotecas Miguel Cané y Ricardo Güiraldes a entidades privadas sin contrato, convenio ni acto administrativo que lo apruebe, y en el caso de la Biblioteca Miguel Cané en oposición expresa a la prohibición de subarrendar prevista en el contrato de locación del inmueble.

La Auditoría concluye que la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura se apartó del régimen que regula la adquisición de bienes y servicios, con un desvío significativo dado que el 87,46% de las operaciones se ejecutó por el decreto 556/2010. Además, señala la falta de especificidad en los contratos de locación de obras y servicios, daños estructurales con riesgo cierto en dos bibliotecas y cesiones de espacios a privados sin instrumentación, y recomienda fortalecer el control posterior de los subsidios y normalizar el registro de actividad y las existencias del sistema Pérgamo.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.