Intervención en Villas de Emergencia.

La Auditoría General de la Ciudad examinó el año 2015 del programa de intervención en villas de emergencia que ejecuta la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), el organismo que presta servicios de agua, limpieza, desagote y electricidad y realiza obras en villas y asentamientos de la Ciudad, con un gasto de unos 420 millones de pesos. La Auditoría encontró que el organismo funciona con áreas informales que no figuran en su organigrama, que no tiene manuales de procedimientos y que unos 210 millones de pesos gastados en el saneamiento del Riachuelo no se registraron con el código del proyecto ACUMAR. También observó que las metas del programa (medidas en horas de servicio) no permiten verificar si los servicios se prestaron realmente, y que no hay metas definidas para las obras. Además, señaló que algunos servicios y obras se contrataron por un decreto de aprobación de gastos en lugar de la ley de compras, y que la UGIS no tiene datos actualizados de la población que atiende ni indicadores para medir si su gestión cumple los objetivos.

• La UGIS no tiene una estructura formal aprobada que incluya todas las áreas que trabajan en ella (Administración, Compras y Contrataciones, Legales, Recursos Humanos, Estadísticas, entre otras), las cuales funcionan de manera informal fuera del organigrama.
• El organismo carece de manuales de procedimientos que establezcan funciones, descripción de actividades y asignación de responsabilidades, un componente del control interno.
• Una parte de los gastos del saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo no se registró con el código 60 del proyecto ACUMAR: en dinero, el 58,53% del monto devengado (unos $210,9 millones sobre $360,4 millones).
• La única meta física definida (horas de servicio prestado) no permite verificar el cumplimiento real de los distintos servicios, y no se definieron metas para las obras planificadas de 2015.
• Algunos servicios y obras se contrataron mediante el Decreto N° 556/2010, en lugar de seguir los procedimientos previstos en la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones o la Ley de Obra Pública.
• El organismo no cuenta con información actualizada de la población que atiende ni con indicadores para medir su gestión, y seis contrataciones de la muestra fueron registradas en la Comuna 8 aunque los servicios se prestaron total o parcialmente fuera del área de saneamiento.

La Auditoría concluyó que la UGIS no definió metas para cada prestación que permitan verificar el cumplimiento de sus objetivos y que no realizó censos ni relevamientos recientes para conocer la población a la que atiende y el impacto de sus servicios en la cuenca del Riachuelo. Además, se verificó una incorrecta registración de unos $210.000.000 de la inversión en saneamiento ambiental, que no se registró con el código 60 o Proyecto ACUMAR, y que algunos servicios y obras fueron contratados por el Decreto N° 556/10 en lugar de los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.