Promoción Cultural.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó en 2015 la gestión de la Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura durante el ejercicio 2013, específicamente los programas de Carnaval Porteño y de Talleres y Actividades Artístico Culturales en barrios. Encontró múltiples debilidades: modificaciones presupuestarias sin justificación, incumplimientos de la normativa sobre carnavales, legajos incompletos de agrupaciones artísticas y subsidios cuya distribución no se pudo verificar. En el programa de barrios detectó falta de estructura formal, convenios ausentes con los dueños de los espacios, falta de seguros y de equipamiento, y ausencia de normas de procedimientos y de control de asistencias. La Auditoría concluye que es imprescindible cumplir estrictamente la normativa vigente, imputar correctamente los gastos de personal y contar con sistemas de información confiables para evaluar la gestión.

• Las modificaciones presupuestarias no se encuentran justificadas y la Dirección General no suministró las metas físicas consideradas al emitir el presupuesto 2013.
• En el Carnaval Porteño no se cumple lo establecido en la Ley Nº 2095 ni en el Artículo 3 de la Ley 1527, y la composición y funcionamiento de la Comisión de Carnaval difiere de la reglamentación.
• Los legajos de las Asociaciones/Agrupaciones Artísticas están incompletos y no se pudo determinar la correcta distribución de los subsidios por carecer de la puntuación del año anterior.
• En la cuenta Inversión no se refleja la totalidad de los gastos que insume la actividad, y el personal informado no está afectado presupuestariamente al programa de barrios.
• En el Programa Cultural en Barrios no existe estructura formal, no hay convenios con los propietarios de los espacios donde funcionan los Centros Asociados, estos no cuentan con seguro de Responsabilidad Civil y falta normativa sobre misiones, funciones y procedimientos.
• Los Centros Culturales visitados carecen de equipamiento informático y elementos de consumo, en dos tercios de los casos no tuvieron contacto con el Coordinador General, y no existe uniformidad en el control de asistencias ni en el otorgamiento de certificados.

La Auditoría concluye que es imprescindible el estricto cumplimiento de la normativa vigente, la correcta imputación en la cuenta Inversión de la nómina del personal afectado y la implementación de sistemas que permitan generar, unificar y resguardar información fidedigna, todo ello necesario para la toma de decisiones y la evaluación de la gestión.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.