Actividades Centrales - Ministerio de Cultura.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó cómo el Ministerio de Cultura contrató y pagó servicios durante el año 2011, en el marco de su programa de Actividades Centrales. Encontró que el Ministerio usó fondos asignados a ese programa para gastos que deberían haberse registrado en otros programas, y que la mayor parte de las compras se hizo por una vía excepcional en lugar del régimen normal de compras y contrataciones. También detectó comprobantes inválidos en las cajas chicas, demoras en la aprobación de gastos y contratos con personas y empresas con datos faltantes, formularios ausentes o firmados después de que el servicio ya había comenzado; en algunos casos se pagaron servicios sin un contrato que los respalde. La Auditoría concluye que el Ministerio ejecutó los recursos con un grado de planificación presupuestaria y previsión administrativa menor al que exige la normativa vigente.

• El Ministerio utilizó fondos asignados al programa Actividades Centrales para cubrir gastos de productos finales que correspondían a otros programas, lo que genera distorsiones en el sistema presupuestario.
• La Jurisdicción se apartó del régimen de compras y contrataciones (Ley 2095) al aplicar el Decreto 556/2010, que representó el 63,09% de los gastos en bienes y servicios y el 81,92% de la ejecución tramitada de manera excluyente, reflejando falta de previsión en la gestión del gasto.
• En las cajas chicas comunes, 10 de 22 casos (45,45%) incluían comprobantes inválidos según el sistema de verificación de la AFIP.
• En las cajas chicas especiales, 6 de 7 aprobaciones de gastos (85,71%) se expidieron con una demora promedio de 139 días y hubo gastos mal clasificados que distorsionan el reflejo presupuestario; en un caso no se incorporó el contrato de un servicio artístico por $158.914,15.
• En 16 de 18 casos (88,88%) se contrató a personas jurídicas bajo el régimen de locación de obra y servicio, apartándose de la Ley 2095, y en 3 casos se pagaron servicios bajo la figura de reconocimiento de servicios sin vínculo contractual, por un total de $1.321.610,80.
• En los contratos, especialmente los artísticos, faltaban condiciones del servicio detalladas (79,48% de los casos), fechas de suscripción, formularios de control y constancias (AFIP, Ley 269, planes sociales) emitidas después de iniciada la prestación.

La Jurisdicción ejecutó los recursos examinados con un grado de planificación presupuestaria y previsión administrativa de menor rigurosidad al requerido por el ordenamiento legal vigente del GCBA. Se detectó además un alto nivel de ejecución extrapresupuestaria y gastos de servicios no personales encausados por el régimen de contrataciones personales, sin las condiciones y garantías de la Ley de Compras y Contrataciones.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.