Asuntos Institucionales y Empleo Público. - Procuración-.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó la gestión de la Procuración General durante 2011, en particular el programa que abarca Asuntos Institucionales, Empleo Público, Sumarios y el Patrocinio Jurídico Gratuito, que brinda asesoramiento legal gratuito a los vecinos. Encontró que varios convenios con universidades seguían ejecutándose aunque estaban vencidos y sin prórroga acreditada, que hubo gastos de cajas chicas anotados en partidas presupuestarias equivocadas y que parte de los contratos de servicios no fue informada o imputada correctamente. También constató que el servicio de asesoramiento jurídico gratuito cuenta con poco personal y un espacio de atención insuficiente, lo que afecta la privacidad de quienes consultan, sobre todo en temas de violencia familiar. Salvo esos puntos, la Auditoría concluye que la gestión se ajustó a los objetivos institucionales previstos para 2011.

• El convenio de pasantías con la Facultad de Derecho de la UBA estaba vencido desde enero de 2008 sin prórroga tramitada y no fue adecuado a la ley nacional de la materia, pero se lo siguió ejecutando durante el período auditado.
• El convenio de asistencia técnica con la Facultad de Derecho de la UBA y el de cooperación educativa con la Universidad del Salvador estaban vencidos (desde marzo de 2011 y diciembre de 2009, respectivamente) sin que constara la prórroga, y aun así se continuaron ejecutando.
• En las rendiciones de dos cajas chicas de la Dirección General de Asuntos Institucionales se verificó una incorrecta imputación presupuestaria de gastos por un total de $9.281,50.
• El personal y los profesionales asignados a la Dirección General de Patrocinio Jurídico Gratuito resultan insuficientes frente a la gran demanda del servicio y la cantidad de consultas diarias.
• La infraestructura, el mobiliario y el espacio físico del sector de atención al público resultan insuficientes y afectan la privacidad necesaria para evacuar consultas, especialmente las vinculadas a violencia familiar.
• El 11,92% de la muestra de contratos de locación de servicios no fue informado por el organismo como ejecutado a su cargo, y el 55% de los contratos informados bajo el programa 12 fue imputado a partidas de otros programas de la Procuración General.

Salvo las cuestiones señaladas en las observaciones, la Auditoría concluye que la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público desarrolló durante el período auditado una gestión acorde a los objetivos institucionales previstos en la Ley Anual de Recursos y Gastos del año 2011.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.