Registro Presupuestario.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó cómo el Gobierno porteño registra la ejecución de su presupuesto, es decir, los asientos que sustentan la información de la Cuenta de Inversión, durante los ejercicios 2007 y 2008. Encontró que, diez años después de sancionada la ley que las exige, no se habían creado en ninguna jurisdicción las oficinas encargadas de esas registraciones, y que varias tareas seguían concentradas en áreas del Ministerio de Hacienda. También detectó documentación sin las firmas de las autoridades competentes, gastos de 2007 cargados al presupuesto de 2008 y compras que se apartaron del procedimiento general de contrataciones. La Auditoría recomienda organizar esas oficinas, mejorar los controles internos y, ante incumplimientos que puedan generar responsabilidad de funcionarios, promover las acciones pertinentes e investigar los precios de obras y servicios.

• Al cierre del ejercicio 2008 no se habían constituido las Oficinas de Gestión Sectorial (OGESE) previstas por la normativa en las jurisdicciones, salvo en la AGIP y la Agencia de Protección Ambiental, y el decreto que organizaba su funcionamiento, dictado en junio de 2008, no había comenzado a implementarse en ninguna jurisdicción.
• Los servicios administrativos financieros de las jurisdicciones, aunque organizados, no registran las operaciones en todas sus etapas ni emiten las órdenes de pago, tareas centralizadas en la Dirección General de Contaduría, y buena parte de la administración de recursos humanos sigue centralizada en el Ministerio de Hacienda, sin completarse el cumplimiento del artículo 28 de la Ley 70.
• Ninguna Dirección General Técnica, Administrativa y Legal contaba con un Manual de Procedimientos que regule los procesos de registración presupuestaria.
• Existen actuados sin firmas de autoridad competente en la solicitud de gasto, el compromiso definitivo, la orden de compra o los partes de recepción definitiva, falencias que alcanzaron el 54% de la muestra del Ministerio de Desarrollo Social, el 8% del de Desarrollo Económico y el 33% del Ente de Turismo.
• Se imputaron al ejercicio 2008 gastos devengados en 2007, principalmente por servicios de vigilancia y obras tramitados por el Ministerio de Justicia y Seguridad, lo que distorsiona el costo de los programas de ambos ejercicios y, en ese caso, surgió de reclamos posteriores del proveedor sin un proceso de contratación formal en 2007.
• Numerosas compras se aprobaron por procedimientos alternativos en lugar del régimen general de la Ley 2095, con recurrencia en el Ministerio de Justicia y Seguridad (87% de la muestra), la Agencia Gubernamental de Control (50%), el Ministerio de Desarrollo Social (40%), la Agencia de Protección Ambiental (28%) y el Ministerio de Desarrollo Económico (11%), y con fechas de registro que no guardan coherencia temporal.

La AGCBA concluye que la calidad y la oportunidad de los registros presupuestarios son asuntos relevantes para conocer, seguir y controlar la ejecución del presupuesto, y que a diez años de la Ley 70 el diseño normativo no se cumplía plenamente: no se habían constituido las OGESE, no había manuales de procedimientos y se detectaron falencias en los registros. Recomienda organizar las OGESE en todas las jurisdicciones, cumplir el artículo 28 de la Ley 70, mejorar los controles internos sobre la documentación, planificar las compras con transparencia según las leyes 70 y 2095 y, ante incumplimientos que puedan generar responsabilidad de funcionarios, promover las acciones pertinentes y someter a investigación los precios de las obras ejecutadas o de los servicios prestados.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.