Proyecto Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires relevó, entre 2007 y septiembre de 2008, la participación del Gobierno de la Ciudad en el proyecto integral de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el marco del fallo de la Corte Suprema (causa Mendoza). Se revisaron las acciones de prevención, mitigación, control y remediación de varios ministerios y organismos, incluida la Agencia de Protección Ambiental y el Instituto de la Vivienda. La Auditoría encontró que, aunque las acciones fueron diseñadas, la mayoría tenía dificultades para pasar de la planificación a la ejecución continua. También observó que falta reflejo presupuestario específico para esas acciones y que la planificación entre áreas es fragmentada. Concluye que esto pone en riesgo el cumplimiento efectivo del plan de saneamiento.

• En el Ministerio de Salud se verificaron debilidades en la concreción efectiva del Plan de Salud, por discontinuidad en las contrataciones de recursos humanos y falta de actos administrativos que pongan en marcha acciones concretas.
• Las obras del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuyas licitaciones se iniciaron hace más de diez años, presentan alto atraso en su ejecución, en parte por las interrupciones de 2001 y debilidades en la planificación.
• Se detectaron posibles riesgos en obras de drenaje en renegociación y en el convenio con AYSA por $1.000.000.000, que la Legislatura no homologó, por lo que no se efectuó el desembolso de $40.000.000 previsto para 2008.
• Del total de 745 viviendas previstas para la relocalización en la primera etapa, sólo se habían contratado obras por 83 viviendas, lo que evidencia bajo avance en una acción de máxima necesidad.
• Existen datos contradictorios sobre qué organismo es responsable de la construcción de las viviendas (IVC, Corporación del Sur, Fundación Madres de Plaza de Mayo), lo que refleja debilidad en la ejecución.
• La Agencia de Protección Ambiental heredó problemas como malas condiciones edilicias en el edificio de inspección y laboratorio, falta de recursos humanos y la ausencia de autonomía financiera, además de no tener datos propios sobre contaminación por metales pesados en el agua.

La Ciudad diseñó acciones acordes a la ley de emergencia ambiental y al Plan Integral de Saneamiento, pero en la mayoría se verificaron dificultades para pasar de la planificación a la ejecución continua, y la falta de reflejo presupuestario impide evaluar su viabilidad económico-financiera, poniendo en riesgo su cumplimiento.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.