Créditos Ley 341/964

La Auditoría General de la Ciudad examinó el programa de créditos para vivienda de la Ley 341 (modificada por la Ley 964), que administra el Instituto de Vivienda de la Ciudad, durante el año 2005 y el primer semestre de 2006. El programa otorga créditos, individuales o a través de cooperativas, a familias de escasos recursos en situación habitacional crítica. La Auditoría encontró que el programa está mal planificado, que los trámites demoran más de lo permitido, que no se conformó la comisión que debía gestionarlo y que al otorgar los créditos se controlaron poco requisitos como acreditar la emergencia habitacional, certificar la documentación o revisar los títulos de los terrenos. También advirtió que las obras avanzan lento y que los hogares que están por debajo de la línea de pobreza no podrían pagar las cuotas. La Auditoría concluye que estas fallas contradicen el objetivo de la ley y ponen en riesgo los resultados del programa.

• El programa presenta una planificación inadecuada: no cuantifica la población en situación crítica habitacional, no define económicamente el requisito de 'escasos recursos' (para pagar la cuota de $269 se necesitarían ingresos mínimos de $1.350) y carece de indicadores y línea base para medir su impacto.
• Durante el período auditado no se conformó la Comisión de Control, Evaluación y Seguimiento, responsable de la gestión del programa, lo que debilitó su gobernanza e institucionalidad.
• En el 100% de los expedientes relevados los tiempos de tramitación administrativa fueron excesivos, superando los plazos de la normativa del programa y de la Ley de Procedimientos Administrativos.
• Se verificaron incumplimientos en la contratación de los equipos técnicos interdisciplinarios (en el 12% de los expedientes los contratos se firmaron más de un año después) y la nueva reglamentación del Acta 2204/06 contradice la normativa vigente al excluir de la financiación el pago de sus honorarios.
• El control de los requisitos de los beneficiarios fue bajo: solo el 46% de los expedientes individuales declara y comprueba la emergencia habitacional, no se certifica administrativamente la documentación presentada, no se realiza el estudio de títulos de los terrenos pese a la recomendación de la Procuración General, faltan los informes de inhibiciones en el 100% de los casos y el 15% no acredita correctamente la residencia en la Ciudad.
• El IVC está desvinculado de la búsqueda de terrenos e inmuebles, equiparando el procedimiento al de la banca y desarrolladores privados, y de las 21 obras iniciadas el avance promedio es bajo (alrededor del 38%), lo que obliga a modificar constantemente la curva de inversión, los plazos y los precios.

La Auditoría concluye que, si bien la Ley 341 y su modificatoria buscan favorecer el acceso a la vivienda de grupos vulnerables en situación crítica habitacional y de escasos recursos, las imprecisiones en la operatividad del programa se contraponen a ese carácter y ponen en riesgo sus resultados. A esto se suma la falta de integridad de la información, de controles propios y de un control interno instalado en la gestión, lo que aumenta las posibilidades de desvíos en las operaciones de otorgamiento de créditos.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.