Ampliacion Red de subterraneos linea A

La Auditoría General de la Ciudad examinó, dentro del programa de Expansión y Ampliación de la Red de Subterráneos, los pliegos y contrataciones del proceso licitatorio para prolongar la Línea A de subterráneos desde Primera Junta hacia Nazca, a cargo de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), correspondiente al año 2003. La obra prevé unos 3.150 metros de túnel y cuatro estaciones nuevas (Puán, Carabobo, Flores y Nazca) y fue adjudicada en 2004 a la unión transitoria de empresas Dycasa-Dragados por unos 95,3 millones de pesos. Los auditores revisaron los informes mensuales de la cuenta especial que financia la expansión, que registró 109 facturas y contrataciones por unos 330 mil pesos, mediante una muestra de 28 expedientes. Encontraron fallas en el armado legal de la licitación: el pliego priorizó el derecho privado por sobre la Ley de Obras Públicas, no se pidió dictamen a la Procuración General, el llamado no se publicó en el Boletín Oficial y se omitieron normas como la de Procedimientos Administrativos y la de Impacto Ambiental, sin intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental ni suficiente resguardo del patrimonio edilicio cercano a la traza. La Auditoría concluyó que correspondía aplicar la Ley de Obras Públicas como norma de fondo y que SBASE debía pedir dictamen a la Procuración General, y remarcó la omisión de la ley de Impacto Ambiental en los pliegos.

• El pliego de condiciones estableció un orden de prelación legal incorrecto, al dar prioridad a las normas del derecho privado por sobre la Ley de Obras Públicas.
• SBASE no requirió dictamen de la Procuración General de la Ciudad sobre los pliegos y la adjudicación de la licitación, en incumplimiento de la Ley 1218-GCBA-03 y del Decreto 698/96.
• El llamado a licitación no fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en incumplimiento de la Ley 13.064 de Obras Públicas y de los artículos 5 y 6 del régimen de compras y contrataciones de SBASE.
• Se omitió incluir como normativa aplicable a la contratación el Decreto 1510/97 de Procedimientos Administrativos y la Ley de Impacto Ambiental (Ley 123/99, modificada por la Ley 452/00).
• Las actuaciones analizadas no dan cuenta de la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, que tiene competencia en el ordenamiento territorial y ambiental.
• Los pliegos no contemplaron adecuadamente la protección del patrimonio urbanístico y arquitectónico próximo a la traza de la obra, y la previsión de relevar fachadas de edificios fue considerada insuficiente.

La Auditoría concluyó que, respecto de la relación jurídica que rige la obra, corresponde aplicar prioritariamente la Ley de Obras Públicas por sobre las normas de derecho privado y que, en consecuencia, SBASE como Sociedad del Estado debía aplicar el Decreto 1510 y la Ley 1218 solicitando dictamen a la Procuración General sobre los pliegos y la adjudicación. Asimismo, se resalta la omisión de incorporar como normativa aplicable la ley de Impacto Ambiental y se menciona una dotación insuficiente y falta de política de recursos humanos.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.