Sumarios y Acciones Administrativas y/o Judiciales. Seguimiento de Recomendaciones

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires verificó si los organismos del Gobierno de la Ciudad cumplieron las recomendaciones de iniciar sumarios internos o acciones administrativas y judiciales que la propia Auditoría había formulado en informes de los años 2000 a 2002. El seguimiento alcanzó a la Legislatura, la Defensoría del Pueblo, áreas de comunicación, seguridad, obras y descentralización, el Registro del Estado Civil y el Banco de la Ciudad, entre otras jurisdicciones. En casi todos los casos el avance resultó insatisfactorio: los organismos no iniciaron los sumarios pedidos, respondieron sin abordar lo recomendado o sin respaldar lo que afirmaban. La única excepción fue la Defensoría del Pueblo, que reconstruyó un expediente extraviado y ordenó el sumario para deslindar responsabilidades. Además, no se pudo evaluar lo actuado por el área de Seguridad Urbana ni por el Registro del Estado Civil porque no respondieron los reiterados pedidos de información de la Auditoría.

• En la Legislatura, la lista de sumarios remitidos a la Justicia no indicaba los motivos de su inicio, la identidad de los sumariados ni el estado de las causas, por lo que el progreso se calificó de insatisfactorio.
• La Subsecretaría de Comunicación Social respondió sin especificar las reformas efectuadas ni cómo subsanó las irregularidades señaladas, y en servicios de impresión solo informó que estaba relevando las condiciones de la imprenta de la Ciudad.
• La Subsecretaría de Obras y Mantenimiento decidió no iniciar sumarios por las demoras en las contrataciones argumentando que no se vulneró norma alguna, lo que la Auditoría consideró contradictorio con la recomendación recibida.
• La respuesta de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal sobre los hoteles contratados por el Gobierno de la Ciudad fue insatisfactoria porque no hizo mención alguna al objeto de la recomendación de iniciar acciones legales.
• En el control de declaraciones juradas patrimoniales, la Subsecretaría de Descentralización solo intimó mediante memos a funcionarios que luego renunciaron, sin agregar constancias, y el Banco de la Ciudad no inició los sumarios recomendados y requirió las declaraciones cuando, en tres de cuatro casos, los funcionarios llevaban un año cesados.
• No se pudo emitir opinión sobre lo actuado por la Subsecretaría de Seguridad Urbana ni por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas porque los organismos no respondieron los pedidos de información de la Auditoría, pese a su reiteración.

Según las opiniones emitidas en el informe, solo la Defensoría del Pueblo alcanzó un progreso satisfactorio en el cumplimiento de las recomendaciones; en los demás organismos evaluados el progreso no resultó satisfactorio, y no se pudo emitir opinión sobre la Subsecretaría de Seguridad Urbana y el Registro del Estado Civil por falta de respuesta.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe final de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.