Centros de Primera Infancia (CPI) RES 237

La Auditoría General de la Ciudad evaluó cómo la Dirección General de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia supervisa los Centros de Primera Infancia (CPI), que atienden a niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad, tomando como período el año 2024. La revisión se basó en las actas de supervisión de esos centros. La Auditoría encontró debilidades en el control: faltan profesionales especializados en infraestructura, no se aplican sanciones ni se hace seguimiento de las observaciones, y no se exige una habilitación formal del edificio donde funcionan los centros. También señaló problemas con la contratación de docentes, la articulación con el Ministerio de Salud, el control de asistencia para calcular becas y inconsistencias en la información presupuestaria. Concluye que la normativa, vigente desde 2010, requiere actualizarse y que deben fortalecerse los mecanismos de control y la gestión de recursos.

• Los equipos de supervisión no cuentan con profesionales especializados en infraestructura, no se registran sanciones ante incumplimientos y no existe un sistema de seguimiento de las observaciones formuladas en las visitas.
• En las actas de supervisión no constan llamadas de atención por la falta de docentes recibidos a cargo de las salas, en contraposición a lo establecido por la Resolución 407/MDSGC/2013.
• La Resolución 407 otorga un estatus desigual a los docentes de los centros respecto de los del Nivel Inicial y no especifica la proporción de niños por adulto según grupo etario, lo que dificulta la contratación y planificación de personal.
• La normativa de creación no exige la habilitación formal del espacio donde funciona cada centro por parte de autoridad competente, lo que genera un vacío regulatorio que afecta la supervisión y la seguridad de los niños.
• No existe un proceso sistematizado de articulación entre los centros y el Ministerio de Salud; la coordinación con hospitales depende de relaciones interpersonales, lo que dificulta gestionar turnos urgentes.
• No hay un sistema uniforme y obligatorio de control de asistencia diaria de los niños —base para liquidar las becas— ni una sistematización de las observaciones de las actas; además, se identificaron inconsistencias entre la información presupuestaria informada y los registros del SIGAF, y las metas físicas del programa no se desagregan por actividad.

La normativa que creó los CPI en 2010 fue un avance en protección social pero requiere incorporar enfoques acordes a las realidades actuales. Es necesario fortalecer los controles de infraestructura con verificaciones técnicas especializadas y habilitación formal de los espacios, adecuar la situación del plantel docente con personal con título habilitante, y mejorar la articulación operativa y los sistemas de gestión para evaluar la correcta aplicación de los recursos, incluidas las becas.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.