CONSEJO DE LA MAGISTRATURA – CUMPLIMIENTO LEY 150

La Auditoría General de la Ciudad examinó si el Consejo de la Magistratura cumplió durante 2022 la Ley 1502, que obliga a que al menos el 5% del personal esté integrado por personas con discapacidad. Encontró que el Consejo sí incorpora personas con discapacidad en la proporción requerida, pero presenta fallas formales: legajos sin certificado de discapacidad o con certificados desactualizados, falta del registro de trabajadores con necesidades especiales, planes de necesidades sin confeccionar para la mayoría del personal y ausencia de constancia del envío de la nómina a la Legislatura. También detectó que una resolución de incorporación dio preferencia a un tipo de discapacidad, algo que la ley prohíbe, y que la estructura del Observatorio de la Discapacidad no está formalmente aprobada. La Auditoría concluye que se cumple el objetivo principal de la ley, pero es necesario ajustar ciertos parámetros formales para un cumplimiento acabado.

• Un legajo de personal no cuenta con el Certificado Único de Discapacidad que certifique la condición del agente y, en 26 casos, se verificó la falta de actualización de dicho certificado.
• La incorporación de 5 personas con discapacidad dispuesta por resolución estableció una proporción de personas con discapacidad intelectual, en contradicción con la ley, que prohíbe establecer preferencia alguna por tipología de discapacidad.
• No está confeccionado el Registro de Trabajadores con Necesidades Especiales ni actualizada en la página web del organismo la cantidad de personas con necesidades especiales.
• No está aprobada formalmente la estructura dependiente de la Coordinación General del Observatorio de la Discapacidad ni especificadas sus funciones, y la Oficina de Coordinación de Acceso y Convivencia en Diversidad Funcional no figura en la estructura informada.
• El 85,25% del personal con discapacidad no cuenta con un Plan de Necesidades Especiales confeccionado según la normativa aplicable.
• No se proveyó a la Auditoría constancia de la remisión de la nómina de puestos ocupados, vacantes, altas y bajas con la consignación de quienes tienen discapacidad, que debía enviarse a la Legislatura de la Ciudad.

Si bien el Consejo de la Magistratura cumple con el objeto principal de la Ley 1502, la incorporación en una proporción no inferior al 5% de personas con discapacidad, resulta necesario ajustar ciertos parámetros formales para dar acabado cumplimiento a la normativa. Se valoran favorablemente los informes trimestrales del Observatorio de Discapacidad y se resalta la creación del Plan Integral de Inclusión de Personas con Discapacidad.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.